Como cada año, Moncloa ha diseñado su ‘libreto’ de intenciones legislativas. El de 2023 es uno un tanto especial, con la legislatura cerca de su final. Como ya sucediera en el plan anual de 2022, la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y producto sanitarios —también llamada en párrafo corto como Ley del Medicamento—, repite en el documento elaborado por la Administración General del Estado. Sin embargo, son varias las voces en el sector que rumorean que la modificación del texto que fuera reformulado por última vez en 2015 no será actualizada tampoco este curso.
No en vano, habría que remontarse hasta junio de 2021 para encontrar la primera que desde el ministerio se mencionara la reforma en cuestión. Entonces, Carolina Darias habló de la necesidad de acometer una profunda reforma en el SNS “para ampliar sus capacidades”, con el trabajo en el ‘lifting’ de la norma matriz del medicamento en la hoja de ruta.
En el camino que separan la fecha de publicación de este editorial a la de aquel momento se ha avanzado, pero quizás no lo suficiente. Sanidad sacó en julio del pasado año a consulta pública la actualización de la norma, que recibió opiniones de los actores que lo consideraron casi a ciegas. De hecho, públicamente solo trascendió una lista de objetivos a solucionar, pero no un texto de cuyo borrador mucho se ha hablado y poco o nada se ha conocido.
El Gobierno habla de la posible incorporación de nuevas perspectivas relacionadas con la financiación de fármacos en el SNS
Ahora, lo que el Gobierno ‘promete’ es que su contenido se ajustará “a las exigencias y avances comunitarios e internacionales surgidos en los últimos años desde la aprobación de la ley”. Asimismo, hablan del abordaje de modificaciones e incorporación de “nuevas perspectivas relacionadas con la financiación pública de los medicamentos, uso racional de los mismos y estructuras de los órganos de gobernanza”. De momento, el sector recela mientras continúa haciéndose eco de sus demandas.
De forma paralela, el plan normativo 2023 pone sobre la mesa la configuración de un RD “para regular la financiación y fijación de precios de medicamentos y productos sanitarios y su inclusión en la prestación farmacéutica del SNS”. Objetivos que suenan similares a los que preveía, en parte, la Ley del Medicamento, por lo que la posibilidad de que este se convierta en un ‘parche’ ya planea. Veremos.
