La Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) da pasos firmes para convertirse en una realidad. Tras más de una década de espera, el nuevo Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, confía en saldar “una deuda pendiente con la salud pública” −en palabras de la ministra− y poner en marcha el centro este mismo año. El proyecto de ley para crear el organismo que vigilará el estado de salud de la población y se anticipará a los riesgos y amenazas, ampliamente demandado por los expertos en salud pública, prosigue su tramitación en el Congreso después de un último intento, durante la pasada legislatura, que tropezó con la convocatoria de elecciones. Desde su planteamiento hasta este punto, se han sucedido algunos hitos, y otros baches, en el camino de la AESAP.
La Agencia acumula un historial de retrasos que data del 2011, año de la aprobación de la Ley General de Salud Pública. La normativa diseñó entonces un sistema integral de salud pública con tres elementos clave: una Estrategia de Salud Pública, que salió adelante en junio de 2022; una Red de Vigilancia en Salud Pública, que está en última fase de elaboración; y un Centro Estatal de Salud Pública. La oportunidad de crear un organismo integrado de asesoramiento, coordinación y vigilancia se archivó hasta que la pandemia de COVID-19, que reforzó la necesidad de contar con sistemas autónomos capaces de actuar ante emergencias sanitarias, reactivó esta estructura de salud pública.
La cuenta atrás la activó el Gobierno en 2020, en el contexto de los planes europeos para hacer frente a la COVID-19. El Componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluyó la creación del Centro Estatal de Salud Pública para reforzar la participación de España en los organismos internacionales, como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), y para su financiación a través de fondos europeos. En agosto de ese mismo año, el Real Decreto que fijó la nueva estructura del Ministerio de Sanidad dio un año para que el Ejecutivo remitiera a las Cortes el proyecto de ley que daría lugar a la creación del centro. Sin embargo, y aunque el Ministerio de Sanidad inició en septiembre de 2021 el trámite de consulta pública previa del anteproyecto de ley, los plazos se fueron dilatando.
No sería hasta un año después, en agosto de 2022, cuando el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta y por vía de urgencia el anteproyecto de ley, que sentaba las bases del organismo e incluía una novedad: el Centro Estatal de Salud Pública pasaría a denominarse Agencia. En cualquier caso, el visto bueno definitivo no vendría hasta medio año después con su aprobación en segunda vuelta, ya en febrero de 2023, varios meses después de lo esperado por el departamento de la entonces ministra Carolina Darias. Sanidad envió el proyecto al Congreso con el compromiso de que la Agencia diera sus primeros pasos esa misma legislatura, pero el texto tenía fecha de caducidad y, con la convocatoria de elecciones para el 23 de julio, la iniciativa agotó su cauce parlamentario y volvió a la casilla de salida.
La ley avanza, la sede espera
La nueva ministra de Sanidad, Mónica García, rescató el plan desarrollado por el anterior ejecutivo y dio luz verde al proyecto de ley para crear la Agencia, con la promesa, además, de agilizar el procedimiento. El ente salvó un primer bache al presentar del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts per Catalunya sendas enmiendas a la totalidad por considerar que invadía competencias autonómicas. García se abrió a un “texto mejorado y compartido” e incorporó al proyecto “una serie de ejemplos”, según indicó Junts en un comunicado, que “protege” y “aclara” las competencias de las administraciones regionales.
“Hay sintonía para que la ley pueda avanzar con el mayor de los consensos”
Actualmente, la AESAP está en el proceso para recibir enmiendas parciales, en el que “se van a recoger todos los sentires de los diferentes grupos”, tal y como explicó la responsable de Sanidad la pasada semana, durante la presentación del Comisionado de Salud Mental. De hecho, durante este trámite, el articulado ha recibido hasta nueve prórrogas, desde el 28 de febrero que se cerró el periodo de enmiendas totales hasta el 5 de mayo, fecha límite de la última ampliación. Pese a las sucesivas prórrogas, desde el Ministerio de Sanidad confían en que el proyecto de ley contará también con el apoyo de las formaciones políticas para que salga adelante. “El texto está en las cámaras legislativas y es labor de los parlamentarios sacar la Agencia Estatal de Salud Pública, que resuelva una herramienta pendiente desde el 2011 y que vimos durante la pandemia que era absolutamente imprescindible”, recalcó García.
En esa misma línea, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, aseguró que, aunque la Agencia “llega con retraso”, no tiene “ninguna duda” de que será una realidad en la presente legislatura, previsiblemente este mismo 2024, junto con la Red de Vigilancia en Salud Pública. De este modo, el departamento de Mónica García espera cerrar “el ciclo regulatorio” que se abrió con la Ley General de Salud Pública, y contar para ello con el respaldo de las cámaras. “Hay sintonía para que la ley pueda avanzar con el mayor de los consensos”, afirmó Padilla durante la jornada ‘Pandemias, Preparación y Respuesta ante Futuros Retos’, señalando que había trabajado el texto con la ex ministra de Sanidad y actual secretaria de Sanidad del Partido Popular, Ana Pastor. Sin embargo, no hay una fecha clara de finalización del proceso en el Congreso; si bien una vez llegue al Senado, la vía de urgencia acorta el procedimiento a sólo veinte días.
Otro de los aspectos que queda pendiente de aclarar es la ubicación de la futura sede de la AESAP. Hasta el momento, al menos cuatro comunidades autónomas han presentado su candidatura oficial para albergar el centro: Andalucía, que la ubicaría en Granada; Aragón (Zaragoza); Castilla y León (León) y Asturias, presumiblemente en Oviedo, aunque el Ejecutivo de Adrián Barbón no ha revelado aún qué municipio se sumará a la pugna abierta por albergar la Agencia. Lo que parece seguro es que la Comunidad de Madrid no acogerá el organismo. La región liderada por Isabel Díaz Ayuso no se ha posicionado al respecto, al menos no de forma oficial, y el Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado desde el inicio por la descentralización del centro.
