El Grupo Parlamentario Sumar, a través de una Proposición No de Ley (PNL) que ha presentado en el Congreso de los Diputados para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública, pide la derogación del Real Decreto-Ley 16/2012, por el que se introdujo el copago farmacéutico en España.
Además, hasta que la derogación sea efectiva, la formación liderada por Yolanda Díaz insta al Gobierno a implementar “políticas que amplíen el número de colectivos beneficiarios”.
Fue en 2012 cuando el Gobierno impuso mediante el mencionado decreto-ley, el copago farmacéutico para la totalidad de la población “sin hacer ningún tipo de distinciones por motivos de capacidad económica ni situación de vulnerabilidad”, tal y como expone el texto de la propuesta de Sumar. “Un copago que, en realidad, es un repago”, agrega la formación.
A pesar de que el decreto, en su apartado 6, apunta que su finalidad es “garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de la Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, Sumar considera que con esta medida “se abrió la puerta a la pobreza farmacológica, generando que las personas o familias con dificultades económicas tengan problemas para acceder a productos farmacéuticos necesarios para su salud”.
“Erradicar la pobreza farmacológica”
Por ello, a través de la PNL quieren que se implementen los cambios normativos necesarios para “erradicar la pobreza farmacológica en todo el Estado español, y recuperar derechos en materia sanitaria eliminando la adopción de medidas que implican un copago de los productos farmacológicos, derivados del Real Decreto-Ley 16/2012″.
Mientras, abogan por medidas que amplíen la cobertura, especialmente entre las personas potencialmente beneficiarias, de las ayudas a compensar el copago farmacéutico, como viene haciendo la Comunidad Valenciana y otras autonomías, para “seguir reduciendo los posibles casos de pobreza farmacológica que dificultan el acceso a productos farmacéuticos perjudicando su salud”.
Por otro lado, la formación plantea la necesidad de estudiar la compensación a la Generalitat Valenciana, y al resto de comunidades autónomas que han implementado medidas en este sentido, por “el coste que el Real Decreto-Ley 16/2012 ha supuesto para proteger farmacológicamente los grupos de población que la referida medida ha abandonado”.
El caso de la Comunidad Valenciana
En el caso de la Comunidad Valenciana, fue en 2015 cuando se implementaron medidas para “conseguir reducir el impacto del copago farmacéutico sobre diferentes colectivos, en especial por aquellos con rentas más bajas”, tal y como recuerda Sumar. “El Gobierno del Botánic (compuesto por PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos) desarrolló sucesivos decretos a lo largo de las dos legislaturas para recuperar y ampliar los derechos en materia sanitaria, y ofrecer apoyo económico a las personas afectadas”, agrega.
Una de las primeras medidas implementadas por el Botánic fue el establecimiento de la compensación del copago farmacéutico de manera progresiva a todas las personas que se encuentran por debajo del índice de calidad de vida. En diciembre de 2023, la región anunció que destinaría 44,2 millones de euros a este tipo de ayudas para este año 2024.
Así, en la actualidad, se pueden beneficiar de estas ayudas todas las personas que disponen de unos ingresos inferiores al salario mínimo, los pensionistas con ingresos bajos, las familias con menores con rentas bajas, las personas desocupadas con rentas inferiores a los 18.000 euros en el año, las familias monomarentales con rentas bajas y las personas con diversidad funcional.
“En definitiva, más de 1.200.000 personas beneficiarias de estas ayudas y de la ampliación de sus derechos a la Comunidad Valenciana. Unas ayudas que, además, suponen un coste de casi 50 millones de euros al año para la Generalitat Valenciana, haciendo que además de ser la comunidad peor financiada, tenga que hacer frente a gastos que tendrían que ser soportados por el estado español”, apunta Sumar en el texto de la PNL.
Así, uno de los beneficios que se derivan de estas medidas es la mejora de la adherencia al tratamiento de las personas beneficiarias, pues “ha disminuido el número de tratamientos abandonados y la cantidad de tratamientos no iniciados”, según indica la formación.
“No tenemos que perder la perspectiva que la medida que implementó la Generalitat Valenciana es para paliar los efectos que el Real Decreto-Ley 16/2012 generó implantando el repago y teniendo como efectos el incremento de personas con condiciones de la pobreza farmacológica; medidas que no se pueden eliminar hasta la derogación del repago farmacéutico“, denuncia.
Eliminación “progresiva”
El Gobierno se marcó el compromiso de eliminar los copagos de manera progresiva, comenzando por pensionistas y hogares en situación de vulnerabilidad y estableciendo garantías para evitar que se produzcan nuevos copagos. Algo que está contemplado en la nueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS, que está en proceso de elaboración y se prevé que vea la luz en próximos meses, según anunció la ministra de Sanidad, Mónica García, el pasado enero de este mismo año.
En 2021, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley que persigue evitar la incorporación de nuevos copagos sanitarios como ya se hizo con los establecidos para los medicamentos. Es el caso de transporte sanitario no urgente, productos dietoterápicos y ortoprotésicos.
Un año después, César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, confirmaba que la propuesta es cambiar los tramos de copago. “Hay rentas bajas que tienen copagos que pueden ser excesivos. Son tramos muy grandes, hay que igualarlo para que exista menos desigualdad”, indicó.
