Crear una reserva sanitaria estratégica, implantar el enfoque ‘One Heath’ o corregir “errores estructurales” para dar una mejor respuesta a los retos en salud. Estas son algunas de las labores que pretende acometer la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) una vez que se ponga en marcha. El Global ha tenido acceso al texto del Proyecto de Ley por el que se crea el organismo, que acaba de ser registrado en el Congreso y está listo para empezar su tramitación en la Cámara Baja. La agencia, que se quedó en el limbo en la legislatura pasada, es uno de los grandes objetivos para el Ministerio, según ha reconocido en diversas ocasiones Mónica García, desde que fue nombrada titular de la cartera de Sanidad.
En la exposición de motivos de la norma, puede leerse que “la irrupción a principios de 2020 de la pandemia de COVID-19” puso de manifiesto, por un lado, “la fortaleza del sistema público de salud de España”, pero también evidenció “los retos y dificultades a los que se enfrenta a la hora de abordar situaciones de crisis que requieren anticipación, una respuesta rápida y coordinada”. La parte introductoria también pone de relieve la necesidad de “corregir problemas estructurales que ya existían y de responder a nuevos retos emergentes en salud, ya sean demográficos, sociales, tecnológicos, ambientales o económicos”.
En su artículo 2, la ley precisa que el objetivo de la AESAP es “reforzar las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población, la equidad en salud y su bienestar y proteger a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias”.
Para ello, continúa el artículo 2, “en coordinación con las comunidades autónomas y otras administraciones públicas, con los diferentes actores y disciplinas y con la sociedad civil, realizará un abordaje holístico y transdisciplinar de los problemas de la salud y sus determinantes”.
Entre las competencias que se enumeran, se encuentran la vigilancia y evaluación del estado de salud de la población y sus determinantes; la información y comunicación pública de la salud de la población y los riesgos que la puedan afectar; la coordinación de actividades de preparación y respuesta ante una emergencia sanitaria, “en línea con la Estrategia de Seguridad Nacional; el refuerzo de la coordinación de los servicios de salud pública y los servicios asistencias de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla; y el refuerzo de las capacidades para el ejercicio de las actuaciones de salud pública de las administraciones públicas y la sociedad civil, con especial atención a los determinantes sociales de la salud y las desigualdades sociales en salud.
Reserva estratégica
“Entre las actividades de preparación, se incluye el desarrollo de una reserva estratégica sanitaria en el marco de lo establecido en la Ley 36/2015”, apunta el texto en su exposición de motivos y añade que la reserva se hará desde “una aproximación multidisciplinar e interdepartamental” que se basará en la estimación de necesidades a partir de escenarios de riesgo y “en coordinación con el resto de organismos nacionales e instrumentos con competencias para la identificación y determinación de los lugares críticos de producción, almacenamiento, distribución y logística”. En particular, el documento apunta en este apartado al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
El objetivo de la creación de la reserva es contribuir a reducir “las dependencias en el ecosistema industrial sanitario”. Esta actividad, según el texto, se debe coordinar con diferentes autoridades de la Comisión Europea que están implicadas como la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA) o la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (SANTE).
Enfoque ‘One Health’
Sobre el enfoque ‘One Health’, el texto señala que la AESAP promoverá equipos multidisciplinares que trabajen con una visión holística y transdisciplinar y cooperará con la sociedad civil y las administraciones públicas, en particular, con las competentes en salud animal, salud vegetal, protección ambiental y seguridad alimentaria”.
A nivel internacional, la ley prevé que la agencia sea “el punto de enlace con los centros e instituciones de la UE y otras instituciones multilaterales internacionales que tengan actividad en sus áreas de competencias”. La AESAP debe “promover el liderazgo de España a nivel internacional” participando en iniciativas de detección, vigilancia y evaluación de riesgos para la salud, indica el texto.
Saber comunicar el trabajo que se hace desde Salud Pública es otra de las tareas pendientes que, según los participantes en el VII Foro de Salud Pública, quedan por mejorar en España. En referencia a esto, también la exposición de motivos de la norma se incide en que, ante amenazas sanitarias, “se requiere el desarrollo de capacidades básicas para lograr una comunicación de riesgos ágil, accesible y de calidad, con el fin de prevenir la propagación de enfermedades y otros peligros”. Para ello, la agencia diseñará una estrategia comunicativa que dé respuesta a las demandas o necesidades de información de la ciudadanía, siempre en base a la evidencia científica.
De cara a lograr atraer y retener el talento en salud pública, el texto también propone que la AESAP promueva iniciativas con las comunidades autónomas, administraciones públicas, instituciones académicas y de formación, y con las organizaciones científicas y profesionales para “desarrollar una fuera profesional en salud pública” altamente cualificada.
En materia de sanidad ambiental, la AESAP “realizará la evaluación del riesgo para la salud humana de los biocidas y los fitosanitarios”.
De entrar en vigor esta ley, y según la disposición final primera del texto, el Gobierno aprobará “en el plazo de seis meses”, a través de real decreto, el Estatuto de la Agencia Estatal de Salud Pública, “a propuesta conjunta de las personas titulares del Ministerio de Hacienda, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y del Ministerio de Sanidad”. En dicho decreto, “se determinarán los órganos, centros y servicios de la Administración General del Estado que quedarán integrados en ella, con las modificaciones que sean precisas”.
