El derecho a la protección de la salud reconocido en la Constitución Española es mucho más que el derecho a recibir asistencia médica incluye también el derecho a dotarse de políticas y acciones para mejorar el estado de salud y prevenir las enfermedades desde un enfoque poblacional.
El dispositivo asistencial no es el principal condicionante de nuestro nivel de salud. La salud se gana y se pierde en otros terrenos, como el entorno familiar, educativo, laboral, ambiental, social y los hábitos de vida. Por ello, el enfoque de la salud pública moderna debe ser completo y transversal, y para ello requiere alianzas con el resto de las políticas.
Fuera del sistema sanitario, muchas políticas y sectores tienen influencia sobre la salud, en algunos casos, con el propósito explícito de protegerla, como el saneamiento o la seguridad vial y en otros para mejorarla, como la educación. Pero también son claves la política ambiental, urbanística o de vivienda, entre otras.
Dentro del sistema sanitario, los servicios de salud pública tienen una naturaleza muy diversa, que abarca la vigilancia sanitaria, la prevención de la enfermedad, la protección frente a los riesgos del entorno y la promoción de la salud. Los servicios de salud pública son estratégicos e indispensables, como puso de manifiesto la pandemia de Covid-19. Sin salud pública no hay economía, ni bienestar.
Los retos actuales en salud pública son muchos: se debe mejorar la capacidad anticipatoria ante futuras crisis, ante el cambio climático y la amenaza de enfermedades emergentes; es necesario mejorar la coordinación y el manejo de información con prontitud; debemos dotarnos de una estrategia adecuada y eficaz de comunicación a la ciudadanía; hay que prestar atención a los determinantes sociales y a las desigualdades, y reforzar la promoción de la salud y la prevención, desde un enfoque salutogénico. Sólo así podremos lograr la sostenibilidad de un sistema sanitario de enfoque asistencialista e ineficiente.
«El modelo del SNS está agotado y es indispensable modernizarlo con reformas organizativas, desarrollos tecnológicos y adecuadas políticas de personal. Para ello se necesitan acciones decididas de gobierno”
El sistema de salud pública necesita profundas reformas para salir de la crisis en que se encuentra. La pandemia demostró que no es una crisis coyuntural y agravó el deterioro de unos servicios que arrastran problemas desde hace décadas. El modelo está agotado y es indispensable modernizarlo con reformas organizativas, desarrollos tecnológicos y adecuadas políticas de personal y para ello se necesitan acciones decididas de gobierno.
Cabe destacar que los profesionales sanitarios son el principal activo de los servicios de salud pública, que estos servicios han estado crónicamente infradotados, que los procedimientos de selección no han cambiado en medio siglo y que su régimen retributivo causa fuga de capital humano, de ahí la urgente necesidad de reformar las políticas de personal de nuestras organizaciones.
Como señalan Daniel G. Abiétar y otros expertos en el artículo ‘La Agencia Estatal de Salud Pública: una oportunidad para el sistema de Salud Pública en España’, gran parte del problema no subyace en la falta de reflexión y de experiencias en organización de salud pública, sino en la escasez crónica de financiación y en las peculiaridades de la organización de nuestras Administraciones en esta materia.
Puede considerarse que la futura Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) viene a acometer la reforma de la salud pública en la Administración central, que, acompañada de las reformas autonómicas, supone una auténtica oportunidad para reforzarla en toda su amplitud de objetivos y actividades. Su creación es una medida de hoja de ruta incluida en el Informe de Evaluación del Desempeño del Sistema Nacional de Salud español frente a la pandemia de COVID-19, de obligada lectura para gestores y profesionales sanitarios.
La AESP está concebida como una entidad con autonomía de gestión, cuyo principal objetivo es reforzar las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población, la equidad y su bienestar y proteger a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias. Para ello, en coordinación con las Comunidades Autónomas, otras Administraciones, otros actores y sociedad civil, debe realizar un abordaje transversal bajo el principio de “una sola salud”.
Serán los principales fines de la AESP:
- Vigilancia del estado de salud y sus determinantes, de los problemas, amenazas y riesgos para la salud pública.
- Información y comunicación pública sobre la salud de la población y riesgos que pueden afectarla.
- Coordinación de actividades de preparación y respuesta ante crisis y emergencias sanitarias.
- Coordinación con los servicios de salud pública y asistenciales de las Comunidades Autónomas.
- Refuerzo y soporte para el ejercicio de actuaciones de salud pública: asesoramiento, evaluación, seguimiento, investigación, innovación, cooperación entre los actores.
Esta Agencia deberá tener capacidad de trabajo en red, con las CCAA y con los organismos supraestatales europeos y de la OMS.
En cuanto a la sede de la AESP, la ciudad de Zaragoza presenta importantes fortalezas para albergar dicha sede, como su situación geográfica estratégica; su nodo de comunicaciones; la existencia de un potente ecosistema de investigación, gestión del conocimiento y experiencia en servicios de salud pública y servicios digitales; los equipamientos existentes relacionados con el sector; o su implicación con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), entre otras fortalezas.
En Aragón, existe un amplio consenso en torno a presentar la candidatura para que la sede se sitúe en Zaragoza, y por ello, las autoridades del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de esta ciudad, junto con entidades y actores como Universidades, clústeres de investigación o profesionales de la salud y de la comunicación, están trabajando en la preparación de la candidatura, a la espera de la convocatoria oficial para la designación de sede.
