El Parlamento Europeo aprobó el miércoles una revisión normativa para garantizar mejor protección a los ciudadanos que donan o reciben sangre, tejidos o células. El Reglamento, aprobado con 461 votos a favor, 56 en contra y 66 abstenciones, actualiza la legislación sobre el uso de las denominadas sustancias de origen humano (SoHO, por sus iniciales en inglés), como la sangre y sus componentes (células rojas y blancas, plasma), tejidos y células, utilizadas para transfusiones, terapias, trasplantes o reproducción asistida.

El proyecto, que fue presentado por la Comisión en julio del pasado año, deroga las directivas sobre sangre y tejidos y células, a la luz de los nuevos avances científicos, técnicos y sociales. Con la adopción de esta legislación, el Parlamento responde a las expectativas de los ciudadanos de establecer estándares comunes mínimos para los servicios sanitarios en la UE. El Consejo deberá aprobar formalmente el acuerdo antes de su entrada en vigor.

Cada año, los pacientes de la UE se benefician de más de 25 millones de transfusiones de sangre, un millón de ciclos de reproducción asistida, más de 35.000 trasplantes de células madre, principalmente para cánceres de sangre, y cientos de miles de tejidos de sustitución; por ejemplo, para problemas ortopédicos, cutáneos, cardíacos u oculares).

Las donaciones en la UE seguirán siendo voluntarias y no remuneradas, además de basadas en criterios de transparencias. No obstante, los Estados miembros podrán compensar a los donantes, por ejemplo, con una dieta fija o fórmulas no financieras. Esto deberá quedar regulado en la legislación nacional. Los países deberán elaborar, y actualizar periódicamente, «planes nacionales de emergencia», con medidas para garantizar la seguridad del suministro de sustancias críticas.

La promoción y publicidad de las actividades para la donación de sustancias de origen humano (incluidas campañas publicitarias en el espacio público, la televisión y otros medios de comunicación) no deberán hacer mención de la compensación. Las autoridades nacionales deberán garantizar que la compensación no se utiliza como un incentivo para reclutar donantes.

Para Nathalie Colin-Oesterlé, eurodiputada del PPE, esta ley “abre un nuevo capítulo en la construcción de una Unión Europea de la Salud fuerte que garantice los estándares de seguridad más elevados para quienes donan y reciben sustancias de origen humano. También refuerza los sistemas nacionales de recogida para reducir el riesgo de escasez. Y se basa en el principio ético fundamental de la donación voluntaria y no remunerada”.


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