Las comunidades se repartirán más de 10.000 millones de euros del fondo europeo REACT-UE, una ayuda concebida, por un lado, para paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia y, por otro, para reforzar el sistema sanitario y lograr la reactivación de los sectores afectados.
Así se lo ha trasladado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los consejeros del ramo en el encuentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer. Dentro de estos fondos preasignados por la UE, 2.436 millones de euros más pasarán a formar parte del presupuesto del Ministerio de Sanidad, que posteriormente se repartirá entre las comunidades autónomas para la adquisición de vacunas y para reforzar la atención primaria.
En este encuentro el Gobierno también comunicó a las comunidades autónomas el efecto de la suspensión de las reglas fiscales para 2020. La ministra de Hacienda defendió ante los consejeros que esta medida extraordinaria sigue las recomendaciones de las autoridades comunitarias y dotará a las comunidades autónomas del margen necesario para colaborar con la reconstrucción económica y social.
Asimismo, se dieron a conocer las cifras sobre las entregas a cuenta para 2021, que según el Gobierno se situarán a un nivel muy similar al de 2020. En concreto, este año se asignarán 105.589 millones de euros, frente a los 105.868 millones de euros del año pasado. En este sentido, la ministra hizo hincapié en que trabajará para que las comunidades tengan recursos suficientes para atender a sus necesidades de gasto.
Techo de gasto y presupuestos
Montero adelantó a las comunidades que el Consejo de Ministros de este martes aprobará el techo de gasto que servirá de base para la elaboración de los presupuestos para 2021. La ministra recomendó a las autonomías un déficit orientativo del 2,2 por ciento del PIB en 2021, del que la mitad, 1,1 puntos, sería asumido por la administración central.
En este sentido, el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, liderado por Nadia Calviño, confirma que trabaja con el objetivo de remitir su plan presupuestario a Bruselas el próximo 15 de octubre.
IVA en la sanidad privada
Varios medios de comunicación se han hecho eco en estos días de una supuesta filtración del borrador, que estudiaría gravar con un IVA del 21 por ciento la actividad sanitaria privada, aunque el Gobierno no ha confirmado este supuesto, que el sector interpreta en parte como un globo sonda, algunas entidades como el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad han expresado su preocupación ante esta posibilidad.
En este sentido, IDIS ha hecho un llamamiento urgente para reconsiderar esta medida que, en su opinión, “supone supone un ataque contra un sector generador de riqueza y que pone en jaque al sistema sanitario global, por el probable trasvase al sector sanitario público de miles de asegurados que pagan una doble cobertura, y de cientos de miles de consultas, pruebas e intervenciones que ahora estas personas realizan en la sanidad privada”.
Contra la recomendación de AIREF
El instituto recuerda que la medida, además, contradice el último informe de la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) que alerta de los perjuicios de eliminar dicha exención al IVA.
En sintonía con los argumentos que esgrime este informe, IDIS remarca que “ aunque esta medida de entrada aumentaría la recaudación de las administraciones públicas, generaría costes superiores a esos ingresos al tener que financiar el Sistema Nacional de Salud una parte de los servicios que ahora asume la sanidad privada, con lo que el resultado sería negativo para las arcas públicas.
Según su visión, implicaría un gran impacto en el sector hospitalario privado y podría verse comprometida su viabilidad con el desequilibrio que esto supondría para el sistema sanitario público y para el sistema en su conjunto, concluyen.
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