El Ministerio de Hacienda ha hecho pública la actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026 que España ha remitido a la Comisión Europea. En lo que respecta a la previsión de gasto sanitario que la Administración prevé en este lapso, se contempla una cifra estable de un 6,9 por ciento del PIB, mantenida en el tiempo para esta horquilla temporal. Esta misma cifra es la que referenciada en el curso inmediatamente anterior, el de 2022, la cual es ligeramente inferior a la que el Gobierno destinó en 2021, cuando aparejaba cuatro décimas porcentuales más (7,3 por ciento).

Así lo refleja la Clasificación funcional del gasto de las Administraciones Públicas (Cogof) del trabajo, que comparativamente precisa incrementos únicamente en dos grandes áreas: defensa (que asciende un 0,1 por ciento para los años 2025 y 2026) y protección social (que crece esta misma cantidad en 2026).

En el apartado que especifica las proyecciones presupuestarias del Gobierno a largo plazo, Hacienda asevera que “la evolución de determinadas partidas del gasto público se verá determinada a largo plazo por el envejecimiento de la población”. En este sentido, apunta hacia la inversión en sanidad como una de las parcelas “especialmente sensible a los cambios”. “El gasto en sanidad y en cuidados de larga duración aumentarán, de manera conjunta, 1,8 puntos de PIB”, añaden.

En un balance sobre 2022, se explica también que las transferencias sociales en especie se elevan en un 5,2 por ciento hasta los 34.584 millones, “de manera que el gasto en farmacia aumenta en un 4,6 por ciento y el gasto en conciertos de asistencia sanitaria se incrementa en un 5,9 por ciento”, entre otros asuntos parte de este ‘contenedor’. Además, se hace hincapié en las transferencias de Sanidad para infraestructuras en atención primaria y comunitaria, y salud mental comunitaria.

Programa Nacional de Reformas: sin novedades

Junto al documento anterior, la Comisión también ha recibido el Programa Nacional de Reformas de España para el año actual, el cual presenta una hoja de ruta sin novedades en lo ya anunciado en sanidad. Tal y como califica el trabajo del departamento que dirige María Jesús Montero, se destaca el avance “en la aprobación de dos textos legales de gran relevancia”, cuyo objetivo es “homogenizar y ampliar la cobertura del sistema sanitario público”.

Así, se hace mención específica en primera línea a la Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud —en tramitación parlamentaria— y la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios —en elaboración—, cuyo estadio actual es definido en estos términos por el documento.

El Gobierno mantiene en su hoja de ruta la reforma de la Ley de Garantías y la nueva regulación de p&r de medicamentos

Del mismo modo, el Gobierno destaca “que se trabaja en una nueva regulación de la financiación y fijación de precios de los medicamentos y los productos sanitarios y su inclusión en la prestación farmacéutica del sistema nacional de salud, y en un nuevo marco de evaluación de las tecnologías sanitarias que configure un sistema independiente, transparente y participativo, fundamentado en un proceso científico basado en datos contrastados”.

Para reforzar los recursos humanos, el programa referencia la modificación del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. “Esta reforma se completará con otras disposiciones dirigidas a facilitar el desarrollo profesional, retener el talento y garantizar la cobertura de plazas en determinadas zonas geográficas”, completan. Entre otros aspectos en la mira del sector, el trabajo de Hacienda abunda en que “se aprobará la Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública —en tramitación parlamentaria—”.


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