¿Qué consejería ha celebrado un gabinete de crisis durante dos días de este mes de septiembre al agotar ya los presupuestos que tenía para todo el año?
¿Tiene previsto dicha comunidad emitir más deuda para pagar sus facturas, pese a haber alcanzado ya el tope permitido por el Estado?
¿Qué consejero de Sanidad del PP va por libre y dice a los interlocutores sanitarios de su comunidad que el Ministerio de Sanidad funciona mal?
¿Qué laboratorio ha sufrido una experiencia kafkiana con un CEO procedente del extranjero, que pensaba que España era México?
Resulta increíble que con algunas partidas de gasto aún inexplicablemente disparadas y con la trascendental obligación de cumplir el objetivo de déficit pactado con Europa como telón de fondo, haya todavía consejeros de Salud y presidentes autonómicos que se dediquen a enarbolar la bandera política y rechacen un incremento de la participación del usuario en el pago de los medicamentos. Más increíble resulta que haya gobiernos regionales que, bajo el yugo de sus compañeros de Hacienda, destinen parte del ahorro obtenido por esta vía en Atención Primaria a cubrir partidas ajenas a la Sanidad, aparcando incluso en sus cajones el pago de la deuda a los proveedores durante meses. Y más increíble aún que los haya, como en Andalucía, que apelen demagógicamente al Gobierno a castigar a los agentes del sector en aras de mantener intacto el bolsillo de los ciudadanos. A buen seguro que el dinero despilfarrado de los ERE y saqueado de la Junta para comidas sindicales habría evitado muchos de los sacrificios que hoy hacen los andaluces, pero nadie puso el grito en el cielo entonces, cuando el dinero público se escapaba a raudales por el agujero del clientelismo y el partidismo.
Lo cierto es que la iniciativa de Ana Mato introduciendo el copago en el hospital evidencia la fractura en el SNS y la falta de mecanismos para evitar la disparidad de aplicaciones de decisiones sanitarias estatales de calado. También evidencia que el papel del ministerio como máxima autoridad sanitaria del Estado sigue siendo débil y que el Consejo Interterritorial pide a gritos un nuevo estatuto que le confiera más poder a costa de enervar los ánimos de los mismos consejeros que luego acuden a Hacienda para poder abonar sus deudas. Uno de los fallos del ministerio en este encomiable proceso de poner el contador a cero en el pago de los débitos que ha emprendido España ha sido el de desligar la ayuda de medidas punitivas para los incumplidores, y el no meter en vereda a feudos que, por un lado, piden, y por otro hacen de su capa un sayo y se disfrazan de jefes de Estado locales en los reinos de taifas.
Por lo demás, la iniciativa desplegada por Sanidad tiene más interés técnico y simbólico que como balón de oxígeno recaudatorio. Sabedores de que la información sobre el gasto farmacéutico en hospitales es aún incorrecta y dispersa, y de que las autonomías han empezado a poner la mira en esta partida, los técnicos del ministerio han decidido coger el toro por los cuernos e incrementar la participación del usuario. Con dudas sobre su aplicación a crónicos, sobre los mecanismos recaudatorios y sobre la capacidad sistema para arrancar con eficiencia el 1 de octubre, la iniciativa abre un camino disuasorio en una partida de gasto disparada. Será interesante seguir su evolución para comprobar si es posible poner puertas o no al campo.
