Desde hace ya 5 años la que fue compañía líder en Andalucía, Laboratorios Pérez Giménez, está atravesando un calvario de absurdos societarios en su interminable proceso concursal. El último capítulo consiste en la noticia relativa a la adjudicación a Pharmex, al parecer de Libia, según cuenta El Día de Córdoba (sociedad que no aparece en el registro mercantil, y que puede confundirse con la conocida griega Pharmex, —ver www.pharmex.gr—). Y a Pinsos Ursa, una compañía de tamaño medio fabricante de alimentación animal, saneada financieramente según cuentas del Registro Mercantil.
Pero, como en esta larga historia nada puede ser fácil, otro ofertante, Krasfarma (compañía siberiana) presentará recurso. Y todo esto ocurre tras otra adjudicación anulada a Global Aeronautics, compañía dominicana, o quizá venezolana, que no pudo cumplir con el pago acordado por los activos.
Por aquí han pasado muchos inversores, la mayoría ajenos al mundo farma, y todos los proyectos han acabado en nada. Curiosamente, hace tres años hubo un ofertante español, una empresa muy conocida y de solvencia incontestable, que sin duda hubiera ‘salvado al soldado PG’. Pero, ¡ay!, su oferta fue de sólo seis millones de euros, y el juzgado creyó que el poco dinero de verdad era peor que el mucho dinero de promesas a no cumplir.
Mientras, 150 trabajadores no han cobrado nada estos años, así como muchos proveedores, y la sacrosanta Hacienda Pública tampoco. Actualmente la empresa no vale mucho, tras el periodo de inactividad tan prolongado.
La maquinaria necesitará validaciones, las GMPs no estarán renovadas, los clientes y proveedores ya han olvidado que esta empresa existió, y los productos sumidos en un difuso recuerdo, con las autorizaciones de comercialización probablemente sin revalidar.
Pero, ¿por qué este interés en adquirir un activo tan arriesgado? Sus razones tendrán, no lo dudemos. Lo que se pone de manifiesto en esta historia es si la actual regulación concursal sirve para algo, salvo para abonar honorarios a administradores concursales que generalmente desconocen el sector, y dar trabajo a Juzgados de lo Mercantil que obsesionados por el procedimiento olvidan el fin de las leyes, y en este caso el fin de toda ley concursal es salvar la empresa y proteger derechos de trabajadores y acreedores. Lo cual, evidentemente, no se ha conseguido. Una empresa no es un libro societario, sino un ente vivo, y vale lo que sea capaz de hacer, no lo que reflejen las actas procesales. El Soldado PG sigue en una playa de Normandía, esperando refuerzos.
