Se ha perdido la oportunidad de abordar, desde una perspectiva de futuro y estructural, la sostenibilidad del sistema y el gasto sanitario. En el marco del Pacto por la Sanidad que se está negociando entre el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y el sector, una de las primeras conclusiones a las que ha llegado el Comité Institucional de Políticas para la Racionalización del Gasto Sanitario ha sido la exclusión del debate del copago. Una cuestión que economistas de la salud plantean abiertamente y que muchos de los responsables sanitarios y representantes del sector exigen, aunque sea de manera silenciosa y en petit comité por miedo a las críticas.
Pero no es ésta la única medida relevante decidida por dicho comité, ya que han dado a conocer los 11 puntos de análisis que estudiará en el marco del Pacto por la Sanidad. De ellos, más de la mitad, seis en concreto, afectan al ámbito farmacéutico. Todo ello, a pesar de que no supone más del 20 por ciento del gasto sanitario total y aunque es el único sobre el que ya se ha estado actuando intensivamente durante los años anteriores.
Que el gasto en medicamentos sea una partida independiente sobre la que es fácil actuar, determinar sus resultados y cuyas repercusiones no las sufren la mayoría de los votantes, a excepción de los 22.500 farmacéuticos, no es justificación para que siempre se actúe de manera casi exclusiva sobre ella, y menos en un Pacto de Estado.
