El PP da a conocer un acuerdo con CiU para inyectar dinero extra en sanidad proveniente de la reducción del sector público empresarial
El consejero de Salud catalán, Boi Ruiz, aboga por que los fondos económicos que necesita el sistema los pongan los ciudadanos
De llevarse a cabo, el pacto entre PP y CiU supondrá una inyección de dinero en sanidad y permitirá la aprobación de los primeros presupuestos de Artur Mas. Según los términos del acuerdo dados a conocer por el PP, el Gobierno catalán se comprometió a reducir en un 10 por ciento su número de entidades públicas y en un 20 por ciento las aportaciones presupuestarias que reciben durante el 2011. En una segunda fase, las reducciones llegarán al 25 por ciento. Quedarán excluidas las entidades vinculadas, entre otros ámbitos, a la prestación de servicios de asistencia sanitaria.
No es la única aportación a la sanidad de este acuerdo, del que el PP da buena cuenta en su web. Una addenda incluiría un pacto para reordenar los servicios sanitarios y fomentar la prescripción de genéricos. El gobierno de Mas no ha hecho declaraciones, aunque la participación del consejero de Salud, Boi Ruiz, en la Tribuna de Girona sobre ‘Sostenibilidad y progreso de la sanidad catalana’ indicaba cuál era su apuesta para financiar la sanidad. Según EP, Ruiz dijo que “puede ser con tasas o con un incremento de impuestos, pero siempre saldrá del bolsillo del ciudadano”.
redacción
Barcelona
No se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Esta frase ha sido una constante aplicada a unos presupuestos sanitarios que han menguado a medida que la crisis económica arreciaba en España. Hasta ahora, los consejeros y ministros de Sanidad se han aplicado en la tarea de hacer más con menos, pero ante la cada vez mayor sombra de futuros recortes, la política de priorización para mantener intacto el SNS ha saltado la barrera de los presupuestos sanitarios. Días después de que el ex presidente del Gobierno Felipe González urgiera a crear impuestos finalistas para financiar la sanidad y de que el entonces vicepresidente primero del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciara una inyección de 8.000 millones de euros a sanidad, la negociación del proyecto de cuentas públicas de Cataluña para este año ha abierto otro debate sobre la posibilidad de destinar a sanidad un porcentaje de las partidas consideradas como ‘superfluas’ en los presupuestos.
¿De dónde salen estas partidas? Básicamente de la racionalización y reducción del sector público empresarial. El entramado de estas empresas se une a una serie de consejos asesores, agencias reguladoras, fundaciones, mesas de negociación, sociedades y entes autonómicos de actividad diversa que han proliferado en las autonomías y cuya tarea se solapa, muchas veces, con la de otras instituciones nacionales. Parte de ese conglomerado forma lo que se denomina ‘administración paralela’. En su conjunto, el argot político se refiere a ellos como ‘chiringuitos financieros autonómicos’.
La idea de racionalizar este conglomerado no es nueva, aunque se ha apuntalado con la crisis. Hace meses, el ex secretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña señaló la necesidad de hacer recortes en el gasto sanitario y se mostró partidario de que las comunidades recortaran en empresas públicas y fundaciones. La necesidad es doble. Por un lado, acabar con la deuda oculta que arrastran muchos de ellos gracias a que las reglas de Eurostat permiten a los estados no incluir los resultados de las empresas públicas en el Protocolo de Déficit Excesivo. Por otro, evitar gastar en órganos que se duplican innecesariamente.
En Andalucía, el presidente del PP, Javier Arenas, prometió reducir un 50 por ciento los altos cargos y eliminar “mucho gasto superfluo” de los 5.000 millones que dijo haber cuantificado en Andalucía, algo que Alberto Núñez Feijóo hizo nada más llegar a la Xunta: un plan de reajuste de la ‘administración paralela’ cuya primera fase consistió en recortar 46 entidades periféricas y la refundación de otras dos.
En Castilla-La Mancha, la tijera de María Dolores de Cospedal entró en organismos hasta ahora intocables: el Defensor del Pueblo, la Comisión Regional de Competencia y el Consejo Económico y Social (CES), tres figuras que se duplican por el mapa español: hay 13 defensores del pueblo y sólo Melilla no tiene CES.
El debate entra de lleno en el límite de la descentralización. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, lo mencionó hace unos días en la Fundación FAES, pero es algo que UPyD repite desde su fundación. El libro El coste del Estado autonómico, que explica las duplicidades, redundancias y excesos de un Estado con tres administraciones, se ha convertido en el manual con el que Rosa Díez defiende la devolución de algunas competencias, entre otras la sanidad. Frente a todas estas propuestas de limar el ‘gasto superfluo’, lo novedoso del acuerdo catalán radica en que es la primera vez que alguien aboga por vincular esos ahorros a la sanidad.
