LUCÍA GALLARDO
Barcelona
La futura Ley de Salud Pública de Cataluña cuenta finalmente, y de forma explícita, con los farmacéuticos como agentes clave de salud en el desarrollo de tareas de promoción y protección de la salud. Sin embargo, la aprobación y aplicación de la norma decidirán si la manera de contar con ellos, a través de las oficinas de farmacia como farmacéuticos titulados (de salud pública), es la adecuada.
De momento, las alegaciones que presentó el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña han sido bien recogidas, según expresó su presidente, Jordi de Dalmases, en su comparecencia en la Comisión de Salud del Parlamento de Cataluña que debatió sobre dicha norma. “El proyecto de Ley de Salud Pública otorga una competencia nada desdeñable al farmacéutico en todas las funciones y actividades establecidas”, afirmó.
Así, la exposición de motivos ha incorporado a los farmacéuticos como profesionales sanitarios que estarán incluidos en la Agencia de Salud Pública. “Y no sólo en la exposición de motivos, sino en todas las actividades donde se hace referencia a la intervención de un profesional de la salud”, añadió Dalmases.
Resta por saber si se recogerá otra reivindicación del Consejo. Es decir, que tanto esta institución como los colegios profesionales sean el eje vertebrador de las relaciones entre la Administración y la farmacia en el campo de la salud pública, “emulando el modelo de concertación existente con las farmacias para la prestación farmacéutica”, aclaró Dalmases.
Los grupos parlamentarios que participaron en el debate mostraron sensibilidad hacia la labor de los farmacéuticos en la mejora de la salud de la población. Tanto Francesc Sancho, de CiU, como Núria Segú, del Grupo Socialista, manifestaron su deseo de que la Ley de Salud Pública reconozca el valor de los farmacéuticos que, por su accesibilidad y capilaridad, pueden contribuir a la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud.
Sin embargo, ambos mostraron la misma preocupación por la situación en que quedarán los farmacéuticos interinos, es decir, aquellos que trabajan en la Administración pero que accedieron sin haber aprobado oposiciones, y que aumentaron debido a la falta de convocatorias de plazas de farmacéuticos titulados y de concursos para proveer las vacantes.
Sobre este aspecto, Dalmases explicó que la Ley de Protección de la Salud de 2003 no solucionó la precariedad laboral de estos profesionales, por lo que se congratuló porque la Ley de Salud Pública otorgue una “salida noble” a estos profesionales interinos, que deberán poder ser funcionarios con dedicación plena a las tareas de salud pública, sin necesidad de tener oficina de farmacia.
En su comparecencia, Dalmases no quiso perder la oportunidad de reclamar para los farmacéuticos un reconocimiento explícito del desarrollo de actividades desde la farmacia, como la prueba gratuita de detección del VIH/sida o el cribado para la detección del cáncer de colon. “Hemos iniciado una reforma conceptual de la profesión y pretendemos basar el eje de nuestra actuación en el desarrollo de una cartera de servicios profesionales creados desde el conocimiento que aumenten la efectividad de las intervenciones”, dijo.
