Todas las comunidades autónomas se han puesto manos a la obra a la búsqueda de nichos de ahorro y de nuevos ingresos para afrontar la consolidación fiscal que la ley les exige. Por eso, ya sea por imperativo legal o por convicción de que no se puede seguir gastando más que lo que se ingresa, en las próximas semanas y meses vamos a asistir a una gran cantidad de anuncios de nuevos recortes, reformas y creación de impuestos que, si no se hacen ordenadamente pueden producir un efecto indeseable de gran importancia: la creación efectiva de 17 sistemas sanitarios diferentes.
De este modo y, aunque sea en uso de sus competencias, Cataluña ha avanzado su intención de cobrar por las estancias hospitalarias, la Comunidad Valenciana, externalizará la gestión de todo aquello que pueda, incluyendo la gestión de la prestación farmacéutica, Aragón busca la manera de quitarse de en medio algunas prestaciones y, por su parte, País Vasco y Andalucía están mirando si pueden hacer caso omiso a lo establecido en el RDL 16/2012, al menos en parte.
Todas estas acciones o, al menos la mayoría, serían ejecutables por las diferentes autonomías en virtud de sus competencias y, por tanto, podrían tener respaldo legal para hacerlo. Faltaría más. Pero esa no es la cuestión. Lo que está en juego es la existencia de un único Sistema Nacional de Salud o la creación de 17 minisistemas con grandes diferencias entre ellos, con distintas prestaciones en cada uno de ellos, diferentes modos de provisión de los mismos, con sistemas de participación del paciente mediante copagos de muy distinto orden, y con riesgo de creación de 17 mercados farmacéuticos, entre otras.
Ya dijimos hace tiempo en estas páginas que la hipoteca que implica para las arcas autonómicas la gestión de la sanidad y la educación, que suponen el 80 por ciento de su presupuesto, iba a ser un elemento de tensión siempre. Y más, si la necesidad de ajustar los gastos en las autonomías es tan importante como ahora. Pero esa necesidad no puede dar lugar al fraccionamiento y creación de inequidades entre los ciudadanos de las diferentes comunidades autónomas. Por ese motivo, el Ministerio de Sanidad deberá estar vigilante y establecer unas ‘líneas rojas’ que en ningún caso se podrían cruzar.
