carlos b. rodríguez Madrid | viernes, 27 de abril de 2012 h |

A pesar de la mayoría absoluta que tiene en el Parlamento, aplicar el Real Decreto-ley 16/2012 no va a ser un camino de rosas para el Gobierno que preside Mariano Rajoy. A las dudas sobre su capacidad de ahorro real y las críticas por cambiar el modelo de Sanidad pública y no considerar prioritario ni estratégico el sector farmacéutico se suma el que podría ser su verdadero talón de Aquiles: la vulneración de competencias autonómicas.

Esta vía mantiene ya en estudio varios posibles contenciosos: Cataluña ha pedido la opinión del Consejo de Garantías Estatutarias, y el PSOE y las comunidades en las que gobierna, Andalucía y el País Vasco, la de sus servicios jurídicos. La idea es liberarse en lo posible de aplicar su contenido. Andalucía cree ineludible el copago farmacéutico, aunque espera sortear el resto de las medidas. El País Vasco cree haber demostrado con creces que la solución está en la transformación del modelo asistencial, no en los cambios que propone el Gobierno.

La crítica entre las autonomías ‘de la oposición’ va más allá del contenido del RDL. Es fuerte también por la forma en la que el Gobierno llevó a cabo los recortes. El hecho de que en la reunión preparatoria del Consejo Interterritorial el Ejecutivo no respondiera a las comunidades que lo preguntaron qué medidas pensaba adoptar para recortar 7.000 millones, y que en el propio Interterritorial solo se hablara de turismo sanitario y copago farmacéutico, cuando el RDL iría días después mucho más allá, “dificulta, si no imposibilita, el Pacto sanitario”, en opinión de Jesús María Fernández, viceconsejero de Sanidad del País Vasco.

Reindustrialización

El número dos de Rafael Bengoa fue uno de los expertos reunidos en torno a la presentación del tercer informe sobre los diez temas candentes de la sanidad elaborado por la consultora PwC. A lo largo de sus tres ediciones, este trabajo ha señalado en sus diagnósticos varios puntos clave, como la interoperabilidad de los dispositivos de e-salud, el control del gasto y el pago a los proveedores, que han terminado por convertirse en parte fundamental de la agenda política. Otros llamamientos, sin embargo, han caído en saco roto. Durante estos tres últimos años, los expertos han señalado la necesidad de preservar la innovación, que en el informe 2012 se resume en el epígrafe ‘proteger a las industrias de salud asentadas en España’.

La idea de que España necesita reindustrializarse está muy presente en el discurso de algunos expertos, que se apoyan en los puntos de peso sobre el PIB que el sector industrial español ha perdido en los últimos años: en 1970 era del 34 por ciento; en 2010 había bajado al 14, y actualmente ronda el 12,5 por ciento. Detrás de estas cifras se esconde el debate que pretende abrir el tercer informe de PwC: los recortes con efecto inmediato deben formar parte de una agenda doble, que también incluya reformas a largo plazo que permitan potenciar la productividad.

La realidad, de momento, parece indicar que la agenda reformista del Gobierno solamente cumple la primera parte de esa fórmula. El ex ministro de Sanidad Julián García Vargas considera que, “a la vista de este RDL, la industria farmacéutica no va a formar parte en España de esta necesaria reindustrialización”. Jordi Ramentol, presidente de Farmaindustria, apoya esta idea con el tijeretazo a la I+D+i: “En España no creemos en la industria ni en la innovación, y lo demostramos con hechos fehacientes cada día”.

Recién publicados los datos del paro del primer trimestre del año, las preguntas de dónde se va a crear empleo y qué se va a exportar siguen sin ser respondidas por el Ministerio de Sanidad. Ajena a las críticas unánimes que plantea la reforma, la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, defendió que las medidas refuerzan la cohesión del sistema, la eficiencia en el funcionamiento y la equidad.

Pocos confían ya en un Pacto sanitario que vaya más allá de los consejeros populares. El presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, cree que se “infringe la obligación moral” de alcanzar este acuerdo, sobre el que el consejero de Sanidad catalán aún es optimista. Frente a quienes opinan que el RDL supone claudicar ante la idea de que la sanidad española no es sostenible, Boi Ruiz llama a poner sobre la mesa los elementos compartidos: un modelo de SNS, su cobertura, su financiación, su descentralización y su buena gobernanza.