Más fuelle para el protocolo de colaboración entre el Gobierno y la patronal Farmaindustria. Un año justo se renueva este “marco de autorregulación”, como lo llama el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que entró en vigor en 2015 y que limita el gasto público en medicamentos originales al crecimiento económico del país. En el caso de que lo sobrepase, la industria deberá devolver la diferencia, algo que le permite convertirse en un “instrumento ágil de control del gasto público que ayuda a cumplir los objetivos presupuestarios y los compromisos con Bruselas”, como recordaba Jesús Acebillo, presidente de Farmaindustria.
Ese monstruo sin flequillo que era el temido déficit ya no le asusta tanto a Montoro, quien relaja el rostro al anunciar que en 2017 España tiene el aprobado justito seguro. Incluso habla de 600.000 nuevos empleos creados y de grandes inversiones en el sector, como los más de 60.000 millones de euros destinados al pago de proveedores desde el año 2012, o los 9.000 millones de euros invertidos en cuestiones farmacéuticas.
El ministro también le pone precio al Sistema Nacional de Salud: 70.000 mil millones de euros cuesta ser la envidia de Europa y encabezar los rankings sobre sostenibilidad y accesibilidad sanitaria. “Tenemos un gran sistema de salud”, decía Montoro; “el mejor del mundo”, puntualizaba Dolors Montserrat, la ministra de Sanidad.
No son cifras desorbitadas para ninguno de los dos representantes políticos. “No es caro en términos de eficiencia económica”, apuntaba el ministro. El gasto se justifica siempre y cuando sirva para ensanchar el acceso a la sanidad y garantizar los recursos que las comunidades autónomas destinan al llamado Estado del Bienestar. Una universalidad acotada por el Tribunal Constitucional que tumbó el decreto de la Generalitat Valenciana encargado de garantizar la atención sanitaria para las personas extranjeras en situación administrativa irregular, un recurso interpuesto por el propio Gobierno.
El titular de Hacienda quiso centrar el foco, durante la escenificación de la firma del convenio, en el resto de proveedores de la sanidad. Incluso sumó a su queja a las comunidades autónomas que no apoyan un pacto como el firmado con Farmaindustria: “Yo no entiendo por qué no están el resto de proveedores ni todas las comunidades autónomas, y más cuando incumplen la regla de gasto”, se preguntaba Montoro y pedía optar al conjunto y no conformarse con una parte.
La ministra del ramo, Dolors Montserrat, se mostraba más optimista y confiada: “Vamos a conseguir que se acaben sumando todos y a encauzar un nuevo pacto por la sanidad”, aseguraba. Además, Montserrat resaltaba las partes positivas del trato, como la posibilidad que brinda de continuar incrementando el listado de tratamientos innovadores incorporados a la cartera pública de servicios que, según el ministerio, ya suma más de 240 desde 2012.
Lo cierto es que el acuerdo presenta claroscuros o, directamente, como denuncia el PSOE, opacidad casi total: “Falta transparencia tanto en el texto del convenio como en las explicaciones” por parte de la ministra de Sanidad y del titular de Hacienda.
La socialista María Luisa Carcedo, secretaria de Sanidad y Consumo, acusaba a ambos de no aclarar “qué destino tendrán las supuestas compensaciones económicas si el gasto farmacéutico es superior al crecimiento del PIB y menos aún cómo se compensaría a Farmaindustria en caso de ser inferior”. Además volvía a aprovechar la coyuntura para afearle al Gobierno que se supedite el acceso al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para las comunidades siempre y cuando ratifiquen este convenio, algo que llegaba a calificar de “chantaje”. Otras críticas venían directamente desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, para quienes el acuerdo “garantiza un crecimiento del gasto en medicamentos equivalente al del PIB”, y temen un “empeoramiento de la sostenibilidad del sistema sanitario a costa de incrementar los beneficios empresariales de la industria farmacéutica”.
La patronal, por su parte, se afana en tranquilizar el ambiente con las previsiones avanzadas por el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés y Pedro Luis Sánchez, director de estudios de la patronal. Según sus cálculos, al menos este año y en los siguientes (hasta 2021 siguiendo sus datos) el gasto farmacéutico siempre crecerá por debajo del PIB.
