Ni uno solo de los precios solicitados por las compañías afectadas por la desfinanciación de medicamentos ha sido autorizado por el Ministerio de Sanidad. De este modo se escenifica el cambio legal introducido por el Real Decreto-ley 16/2012 que obliga a que los precios de los medicamentos no financiados con fondos públicos sea autorizado por la Administración y se condena a un buen número de compañías a ver cómo sus productos van perdiendo fuerza comercial. Y es que, ni pueden ser publicitados debido a que muchos de ellos requieren receta, y aún no se han puesto en marcha los mecanismos de switch, ni se han incluido en los sistemas de prescripción del sistema público, ni se les permite subir los precios para compensar las pérdidas por la salida de la financiación.
Al cierre de esta edición había algunas compañías que no habían recibido todavía la notificación de la dirección general de Farmacia rechazando los precios solicitados, pero EG ha podido saber que en todos los casos se ha objetado el precio pedido por las compañías a la espera de que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) establezca los criterios para autorizar o no el incremento de precio.
Desde la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), reiteran su rechazo al sistema de precios comunicados y piden que se mantenga la libertad de precios para los medicamentos no financiados, como ha sucedido hasta el momento. Su argumento se basa en la historia pasada de los medicamentos no financiados que, a pesar de la libertad de precios existente, no han sufrido ninguna escalada de precios al alza ya que la propia competencia se encargaba de su control.
No obstante, el Ministerio de Sanidad mantiene su postura y, según ha podido saber EG, podría estar barajando algunos criterios a tener en cuenta para subir los precios. El departamento de Ana Mato vería con buenos ojos que los incrementos fueran mayores, en términos porcentuales, para los medicamentos de precios más bajos. Otro de los criterios que podría barajar el ministerio sería la comparación con los precios del mismo producto en otros países de Europa.
Además, desde Sanidad se tendría en cuenta si el producto pudiera realizar publicidad así como la cuantía de la inversión publicitaria necesaria para posicionar el producto en el mercado privado de cara a aceptar o no una subida de precio determinada. Por otro lado, falta por saber si a los medicamentos que mantendrán indicaciones financiadas se les permitirá o no cualquier subida de precio.
Hasta el momento, la libertad de precios en los medicamentos no financiados era la tónica general en toda Europa. Con la excepción de Grecia, Lituania y Bélgica, el resto de países dejaban libertad en la fijación de estos precios. En algunos casos, solo se restringía a las indicaciones no financiadas por fondos públicos pero en otros, incluso aunque existieran algunas indicaciones financiadas. Así se refleja en un estudio encargado por la Comisión Europea a la European Medicines Information Network (EMI-Net), con el fin de fomentar desde la dirección general de Empresa de la Comisión Europea, el desarrollo del mercado de los medicamento no sujetos a prescripción. Y es que, España parece que va en sentido contrario al general de los países europeos desde la aprobación del RDL 16/2012 y la puesta en marcha del sistema de precio comunicado para los medicamentos sin receta.
