Martínez Olmos: “No habrá diferencias entre autonomías”

Carlos b. rodríguez

Madrid

El silencio impera tras el terremoto ocasionado por la propuesta de Andalucía de ‘legislar’ por subasta un precio propio para los fármacos con destino a las farmacias. Pero el malestar que decisiones como la andaluza o la gallega ocasionan en el Ministerio de Sanidad debe ser innegable, a tenor del tono que el secretario general de Sanidad empleó la semana pasada para referirse al tema. José Martínez Olmos se aferra a que las condiciones de acceso a la prestación farmacéutica y la definición de los productos que están incluidos en ella “es una competencia exclusiva del Estado”. Su conclusión es clara: “No va a haber ninguna diferencia entre una comunidad y otra”.

La comparecencia del secretario general en el Senado nada tenía que ver con la política de medicamentos a nivel autonómico. Y no lo tuvo hasta que la portavoz del Grupo Popular, María del Carmen Aragón, cuestionó por dos veces el liderazgo del Ministerio de Sanidad al transmitirle su percepción de que, en política farmacéutica, cada comunidad “va por libre”. Más allá de la coordinación, la preocupación del PP es que Sanidad actúe de una manera u otra según el color político de la comunidad.

El mundo al revés

La respuesta de Martínez Olmos comenzó como un aviso a navegantes: “A quien plantea estas cuestiones, le contesto una cosa porque de verdad siento que es el núcleo del asunto. No podemos dar lugar a que los ciudadanos vean el mundo al revés. Quien tome una decisión injusta, desde el punto de vista del marco jurídico, que afecte a la equidad, es quien debe dar explicaciones”.

Lo cierto es que el destinatario del aviso no estaba claro: pudo referirse a las autonomías ‘díscolas’ que plantean estas cuestiones, pero también a la senadora que le interpeló, miembro del partido que es impulsor del catálogo farmacéutico gallego. “No lo digo por usted, pero todo apunta en la misma dirección. Lo que no vamos a permitir a ninguna comunidad es que tome decisiones que hagan desiguales a sus ciudadanos respecto al resto de los españoles, sea la que sea: Andalucía, Galicia, Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha… Es nuestra responsabilidad”, matizó el secretario general.

Dicho esto, Martínez Olmos indicó que comprendía que las comunidades buscasen, en el marco de sus competencias, desarrollar iniciativas que permitan una mejor gestión de los recursos públicos. En este marco, añadió que el ministerio no puede actuar en términos jurídicos hasta que las autonomías tomen sus decisiones y se confirme que éstas pueden quebrar la equidad. “Se puede actuar en términos políticos, que es lo que hemos hecho tanto con Galicia como con Andalucía o con cualquier otra comunidad, ¿de acuerdo? De eso no le quepa ninguna duda”, concluyó.

“Roza la prevaricación”

Tampoco hay dudas, al menos desde el punto de vista jurídico al que se refirió el secretario general, de la ilegalidad de la iniciativa andaluza. Así lo aseguran tres expertos en derecho farmacéutico consultados por EG, que ven tan clara la competencia exclusiva del Estado y la vulneración del artículo 90 de la Ley de Garantías y no se quedan cortos a la hora de valorar la medida: “Antijurídica de principio a fin y nula de pleno derecho”, comentan el presidente de Asedef, Mariano Avilés, y Jordi Faus, de Faus & Moliner. “Roza la prevaricación”, añade Juan Gillard, de Sánchez de León Abogados, para quien no hay informe jurídico que avale una decisión que, a su juicio, “vulnera todo lo vulnerable, y lo hace a sabiendas”.

Incertidumbre

Todo esto desde el punto de vista legal, pero también está la lealtad institucional, que tiene mucho que ver con los debates más importantes a los que hoy se enfrenta la sanidad. “Tenemos un SNS que no está verdaderamente estructurado jurídicamente, con 17 comunidades autónomas completamente irresponsables, que van cada una por su lado”, critica Gillard, que precisamente cree que son las consideraciones en torno al modelo las que tendrían que centrar el debate del Pacto sanitario, “y no las cosas concretas del día a día”.

Algo similar defiende Avilés, que se pregunta qué fue de la Ley de Cohesión. “Tenemos que entonar un réquiem, porque hoy es la desigualdad la que campa”, afirma. Y lo dice desde la experiencia de tener que estar todos los días a golpe de contencioso. Para Avilés, los dos reales decretos leyes del Gobieno “no son sino el anuncio de lo que aún está por venir” y que a su juicio ya se vislumbra con actuaciones como la andaluza. “Es la crónica de una liberalización en el sector farmacéutico que hará saltar por los aires el modelo de farmacia tan defendido”, explica.

Más allá, es la inseguridad jurídica que desprende la idea andaluza la que, además de aumentar la posibilidad de desinversiones en España, dispara las alertas sobre posibles contenciosos a nivel futuro. Para empezar, Andalucía podría encontrarse con un aluvión de reclamaciones de particulares. Es difícil, porque a un ciudadano le cuesta iniciar un litigio, pero no imposible. Ahí están los casos de reclamaciones por gastos médicos.

El premio gordo vendría para la industria. Participar en el concurso andaluz no será ilegal para las compañías, pero tendrían que ir con mucho cuidado porque si no participan todas, dice Faus, “a lo mejor alguien le acusa de prácticas anticompetitivas”. Pero el gran problema vendría a la hora de anular este mecanismo: por un lado, los que se quedaron fuera del concurso podrían interponer reclamaciones patrimoniales por el lucro cesante. Por otro, ¿qué pasaría con los beneficios de la compañía que ganó el concurso? Gillard añade una posibilidad más para la industria: “Si yo fuera el abogado de alguna de estas compañías me iría corriendo a Bruselas, porque es una obstaculización a la libre circulación de servicios en el espacio económico europeo”.