Sanidad mantendrá su estrategia porque “cubre una demanda no satisfecha”
La plataforma piensa que la moción aprobada por el Senado reabre el debate
irene fernández
Madrid
La píldora del día después (PDD) volvió a convertirse en punto de polémica hace dos semanas: el Grupo Popular, con el apoyo de CiU, aprobaba una moción en el Senado para cambiar el actual estatus de la pastilla (sin receta médica) y devolverla así al sistema de prescripción. Con la nueva inquilina en el Ministerio de Sanidad surgían las dudas de si esta moción, que no obliga al Ejecutivo, sería tomada en consideración. Sin embargo, el ministerio confirmó a EG que no cambiaría el estatus de la PDD. “No compartimos ese punto de vista, puesto que la medida actual consideramos que está siendo acertada al cubrir una demanda que no se veía satisfecha, pero respetamos el resto de opiniones”, afirmaron fuentes ministeriales.
Es decir, la nueva ministra, Leire Pajín, seguirá las líneas de su antecesora, Trinidad Jiménez, y mantendrá la estrategia de salud reproductiva y la PDD se comercializará como hasta ahora en España: sin necesidad de receta médica. Este hecho no ha sorprendido a las asociaciones de farmacéuticos que han reclamado durante el pasado año al ministerio que el fármaco recuperase su estatus original y se respetase la objeción de conciencia de los farmacéuticos. “Si ni tan siquiera hemos llegado al diálogo en este tiempo con el ministerio complicado será que ahora acepten la moción”, afirmó José López Guzmán, presidente de la Plataforma Profesional Farmacéutica (PPF).
Pese a ello, López Guzmán piensa que la moción aprobada por el Senado reabre el debate entre los profesionales sanitarios y algunas asociaciones de pacientes. “La propuesta del PP nos ha dado mucha alegría porque hemos visto en esa moción reflejada una reivindicación que llevamos pidiendo desde hace un año”, aseguró.
Información a los usuarios
Además, la moción aprobada propone protocolizar la información a los usuarios sobre el mecanismo de acción del fármaco y los posibles efectos adversos en todo el SNS. En este sentido, la Asociación para el Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc) interpuso hace un mes en Madrid una demanda contra el ministerio por este tema, al considerar que los folletos informativos elaborados por el Gobierno eran “incompletos y engañosos”. La demanda, en trámite, será presentada también a corto plazo en Castilla y León y Comunidad Valenciana, según confirmó el presidente de la asociación, Juan Antonio Díez.
La razón de la petición de revisar los informes y del cambio de estatus de la PDD se basa, según señalaron, en la falta de farmacovigilancia existente, sobre todo en mujeres de 16 años sobre las que, a día de hoy, no existen ensayos clínicos que avalen el beneficio-riesgo del medicamento. “Un cambio de estatus requiere una farmacovigilancia y un control de ese consumo, que en este año se ha duplicado, y un poco de sensatez, dejando a un lado el sesgo político”, insistió López Guzmán.
Sobre todo, si se tienen en cuenta ciertas contradicciones como las aparecidas en el informe de la Aemps en el que figuraba un riesgo potencial por su uso frecuente (tromboembolismo venoso), pese a que la comunidad científica insistió que este riesgo no existía porque levonorgestrel DCI no contiene estrógenos.
