Bonnie y Clyde; Batman y Robin; Holmes y Watson, Simon y Garfunkel… La historia está llena de tándems famosos, amistades forjadas a lo largo de años de colaboración, a las duras y a las maduras. En esa prestigiosa lista no desentona el dúo dinámico formado por Pilar Farjas y Sagrario Pérez Castellanos. Ambas conforman lo que ha venido a denominarse el lobby gallego del Ministerio de Sanidad, pero curiosamente las dos solo son gallegas de adopción.
Farjas es de Teruel; Pérez Castellanos nació en Cáceres. Sin duda debió ser grande el momento en el que el camino de aquélla médico, futura autora del cataloguiño, se cruzó con el de esta veterinaria, pues desde entonces se han vuelto casi inseparables. Así, las dos estuvieron juntas al frente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, Farjas como directora y Pérez Castellanos como subdirectora. Este rol de caballera/escudera lo repitieron más tarde en la Xunta de Galicia, una como consejera de Sanidad y la otra como secretaria general.
El ‘sí, quiero’ de Farjas a la llamada de Ana Mato para hacerse cargo de la Secretaría General de Cartera Básica de Servicios y Farmacia sonaba a despedida y a un punto y final tras años de colaboración. El nombre de Pérez Castellanos empezó a sonar con fuerza para coger el testigo al frente de la consejería, pero acabó dando la campanada al renunciar al cargo de secretaria general por voluntad propia. Algunos ya leían en esta renuncia la posibilidad de que el equipo volviera a reunirse en Madrid. Y así fue.
Recorrer el difícil terreno sanitario junto a Farjas ha permitido a la nueva directora general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia conocer todas las reglas del juego y acumular una valiosa experiencia como primera espada, acostumbrada a pelear batallas muy pocas veces agradables. Esa experiencia se ha acumulado principalmente a lo largo de la última legislatura, durante la cual ambas tuvieron que enfrentarse a las críticas derivadas de algunas de sus decisiones, no solamente de cara a la opinión pública, sino también de cara al gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. El catálogo priorizado de medicamentos de Galicia fue el primer ejemplo.
La voz de Pérez Castellanos no solo fue eco de la de Farjas a la hora de defender esta herramienta para atajar el gasto. Tomó la voz cantante en más de una ocasión, como demuestra la carta que envió al entonces secretario general del ministerio, José Martínez Olmos, con motivo de la celebración del primer Interterritorial de Leire Pajín, que se celebró en Santiago de Compostela.
En aquel momento, el catálogo era solo una proposición de ley del PP “y no una iniciativa del Gobierno”. Pérez Castellanos indicaba la intención de la consejera de informar sobre esta iniciativa, y pedía información sobre la orden de precios, un texto que Galicia llevaba meses esperando. “Cada día de retraso está suponiendo una grave amenaza para la sostenibilidad del sistema sanitario”, advirtió en aquel entonces.
Meses más tarde, era habitual verlas sentadas hombro con hombro, en las comparecencias ante los medios de comunicación para resaltar los datos mensuales que colocaban a Galicia a la cabeza del ahorro regional en farmacia. Mientras, crecía la escalada de tensión con el Ministerio de Sanidad por motivos que iban más allá del propio catálogo.
Eran finales de 2011 cuando Pérez Castellanos tuvo que contribuir a apagar otro fuego más. ¿El motivo? Las limitaciones aprobadas al uso de la tarjeta para parados de larga duración, personas sin recursos y extranjeros. La cúpula de la consejería aseguró que solo estaba siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea para evitar el fraude. Todos a una, ella y el resto del equipo sanitario de Alberto Núñez Feijóo, él incluido, negaron rotundamente el desbloqueo de la tarjeta a los parados que habían agotado su subsidio, pero sus palabras no cuadraban con las denuncias de particulares que en los ordenadores de las farmacias aparecían como ‘usuarios inexistentes’. Poco se pudo hacer en este caso. El 12 de noviembre, el Sergas admitió el bloqueo de las tarjetas y ordenó reactivarlas de oficio.
A su marcha, además de aprobar un pago por renovación de la tarjeta y dejar en interrogante el cobro sanitario para usos fraudulentos de la misma, Farjas y Pérez Castellanos han dejado atado el gasto de recetas y tienen a todo el sector pendiente de ellas. Una de las primeras decisiones de este departamento ha sido limar asperezas con la administración gallega e intentar retirar el recurso de inconstitucionalidad sobre el catálogo. Total, está sin efecto desde que la PPA entró en vigor.
