Lucía barrera
Madrid
Lleva la medicina en la sangre, ya que su padre, como él, es médico. De hecho, dice estar de paso en la política. Hasta que ese paso acabe, Gaspar Llamazares mantiene una intensa actividad parlamentaria como portavoz de IU en la Comisión de Sanidad del Congreso, órgano que, además, preside.
Pregunta. ¿Cuáles deben ser los objetivos en sanidad para 2009?
R. Debería ser el año del Pacto de Estado por la Sanidad, y eso significa no sólo un pacto entre el Estado y las comunidades sino también un acuerdo político, social y parlamentario. Entre los otros asuntos que tienen que despejarse en los próximos meses, está el de la financiación. Siempre se hace hincapié en la gestión, pero tenemos una sanidad con una dotación claramente inferior a la europea y eso todavía no está garantizado. Pese a la campaña publicitaria con la carta a los Reyes Magos del presidente del Gobierno, aún no está claro cuál es el futuro de la financiación.
P. ¿Otros temas?
R. La calidad y la equidad, muy debilitadas con los experimentos de algunas comunidades en torno a los nuevos modelos de gestión privada, y que lejos de mejorar el sistema están cuestionando aspectos básicos muy valorados a nivel internacional. Aplicar un dogmatismo economicista para hablar demasiado de oportunidades de negocio y muy poco de política sanitaria le ha hecho un flaco favor a la sanidad.
P. ¿Ese Pacto de Estado podría solventar estas cuestiones?
R. Debería abordarlas, aunque no habría que esperar a concretarlo para irlas despejando.
P. ¿Cree que se podrá llegar a la misma financiación per cápita en sanidad con el nuevo modelo?
R. Tener un fondo de nivelación es importante pero también lo es cómo funcione. Lo que deberíamos lograr es el equilibrio entre autonomía fiscal y nivelación. Un elemento de difícil solución es que el modelo no es finalista para sanidad. No sólo deberían ponerse en marcha fondos adicionales, también habría que garantizar mecanismos de seguimiento y evaluación que garanticen que esos fondos van destinados a la sanidad y no a hacer negocio.
P. Si no mejora la financiación, ¿podemos hablar de un problema de sostenibilidad en el SNS?
R. Si hay un problema de sostenibilidad, que no lo creo, puede ser más de gestión que sólo de financiación. Otro elemento a tener en cuenta es la desigualdad en materia de salud, que puede fracturar el sistema. Debería ser prioritario.
P. ¿Qué se pretende con el estudio para analizar los sistemas autonómicos?
R. A veces da la impresión de que a la Administración central no le queda más que la coordinación, y no es así. Tiene también que ejercer el liderazgo de la defensa del sistema y la mejora de la calidad y la seguridad, pero da la impresión de que hay comunidades que han decidido que el ministerio o no existe o que sea sólo una agencia.
P. En esta legislatura también se ha hablado mucho de la pérdida de liderazgo de Sanidad con el tema de la investigación…
R. No tiene ninguna explicación. El intento de acaparar toda la investigación en Ciencia ha supuesto un menoscabo y una pérdida de poder político muy importante para Sanidad, con lo que queda aún más debilitado para recuperar el liderazgo.
P. Hablemos de gasto. Cada mes aumenta por el número de recetas, ¿se enfoca bien su control?
R. Para empezar, el modelo de Atención Primaria sustituye la calidad en la atención por la prescripción. En relación a los fármacos, aunque la Ley de Garantías fue importante, las compañías buscan recuperar ganancias, cuando ven que éstas se reducen, a través de fármacos más sofisticados, probablemente no más eficaces. Se necesita una actividad continuada por parte de las administraciones de apoyar a los genéricos, porque estamos muy lejos de la media comunitaria.La evaluación de las tecnologías sanitarias es otro tema que no sé si requeriría una ley del nivel de la Ley de Garantías, porque supone un coste importantísimo. Por último, creo que la información y la formación continuada de los profesionales no pueden seguir presididas por los intereses de las compañías.
P. ¿Potenciaría también los MP?
R. Hacerlo era voluntad de la ley, pero el desarrollo es muy lento por parte de las administraciones.
P. En cuanto al RD de trazabilidad, todavía estamos empezando.
R. Trazabilidad, receta electrónica… Llevan años gestándose. Falta agilidad en esas decisiones que deben tomar comunidades y ministerio. Generar acuerdos no debería ser incompatible con hacerlo en un tiempo razonable.
P. Respecto a la orden de precios, la farmacia se queja de ser la que paga el pato. ¿Cree que es así?
R. Es un esfuerzo compartido. No creo que nuestro sistema de farmacia pueda quejarse de sus beneficios y de sus márgenes. Creo que son bastantes razonables.
P. Hablemos de farmacia. Después de la decisión del abogado general de Luxemburgo…
R. Es una noticia favorable, porque da cierto margen a los Estados frente a la presión de convertir los grandes centros comerciales en dispensadores. La dinámica debería ser la contraria a la planteada por la Comisión, una imbricación cada vez mayor entre el sistema de farmacia y el sistema sanitario.
P. ¿Se debe mantener el modelo?
R. Algunas regiones, como Navarra, intentan alejarse tanto de la rigidez del sistema heredada del régimen anterior como de la liberalización total. También hay reivindicaciones de profesionales sobre una menor rigidez en distribución de farmacias que deberían ser escuchados. Así que hay que conciliar distintos intereses, no sólo el de los propietarios.
