| lunes, 23 de septiembre de 2013 h |

El copago farmacéutico hospitalario ha marcado un antes y un después en la adhesión sin fisuras que las comunidades autónomas gobernadas por el PP o por partidos afines al mismo han manifestado hasta la fecha en torno al Real Decreto-ley 16/2012. Hasta la fecha, sólo Madrid ha confirmado la adhesión de la Comunidad a la iniciativa que entraré en vigor el 1 de octubre porque, según expllicó el presidente regional, Ignacio González, viene impuesto “por legislación estatal”.

La respuesta es más tibia en el caso de otras comunidades, que o bien han señalado que no podrán aplicar la medida a tiempo, como es el caso de la Comunidad Valenciana; o bien anunciando medidas compensatorias para determinados segmentos de población, como ha hecho Cataluña. Otro grupo de comunidades se muestran en contra de la medida por no considerarla justa. Se trata de Asturias, Canarias, Andalucía y País Vasco. Estas dos últimas ya han amagado con recurrir la resolución en los tribunales para lograr su suspensión. Además de todas las regiones no gobernadas por el PP, Castilla y León lideró esta postura nada más conocerse la resolución. La siguiente comunidad en seguir sus pasos ha sido Navarra, en lo que constituye el primer gesto del partido de Gobierno, UPN, contra la reforma sanitaria del Ministerio.

El Parlamento Foral ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos, excepto el PPN, una declaración institucional que “rechaza la aplicación del copago farmacéutico hospitalario que se ceba de forma injusta contra enfermos especialmente graves, a quienes lejos de amparar se desampara ante situaciones especialmente traumáticas y reitera su rechazo una vez más al desmantelamiento progresivo del Estado del Bienestar que este gobierno está realizando en materias tan sensibles y necesarias como la educación, la sanidad y los servicios sociales públicos”.

El Parlamento de Navarra, asimismo, ha reiterado “su compromiso y defensa de los servicios públicos básicos como son la sanidad, la educación y los servicios sociales que dignifican e igualan a las personas”.