Desde este 1 de enero se han comenzado a financiar en toda España con cargo al sistema público medicamentos para dejar de fumar, al igual que ya se viene haciendo en Navarra desde 2017.
Ahora bien, pese a esta entrada en vigor —y al cierre de esta edición— las administraciones sanitarias aún se encuentran ultimando los programas de abandono del tabaco ligados a esta financiación ya que, cabe recordar, la misma se hará solo bajo determinadas condiciones, destacando entre ellas la motivación de la persona y la actuación de los profesionales sanitarios. El Ministerio estima que esta medida beneficiará a unas 83.800 personas, con un impacto presupuestario de 7,9 millones en el primer año.
Precisamente, uno de los aspectos pendiente de concretar hace referencia a cuál será la participación de los farmacéuticos comunitarios, y si la misma será más o menos directa. Lo que sí parece claro es que las 22.071 farmacias repartidas por toda la geografía nacional pueden (y quieren) erigirse como un recurso asistencial más para contribuir al éxito en la deshabituación tabáquica.
En este sentido, desde el Consejo General de Farmacéuticos y los colegios provinciales ya han ofrecido a las administraciones una “propuesta de colaboración” para facilitar, además de la correcta dispensación de los medicamentos y labores de información y educación sanitaria, la identificación desde las boticas de la persona fumadora, la derivación al médico en el caso de cumplir los requisitos establecidos, así como el seguimiento del tratamiento.
Por ejemplo, desde las farmacias puede realizarse a los pacientes el conocido como Test de Fagerström que permite conocer el grado de dependencia al tabaco.
Mientras se decide la participación de las farmacias, corporaciones como el COF de Badajoz ya han propuesto de manera particular a su Consejería de Sanidad un modelo “similar al convenio de dispensación de metadona”, con su correspondiente plan de trabajo y seguimiento.
Triple función en Navarra
Cabe recordar que en Navarra, región en la que se financian estos tratamientos desde 2017, el programa establecido se apoya en toda la red y, más en concreto, en más de 200 farmacias acreditadas previamente.
La participación de estos establecimientos es triple: la captación de pacientes —verbalizando con ellos su problema de salud, explicando las alternativas terapéuticas y ofertando el servicio de deshabituación—, derivar al paciente a su centro de salud de referencia para valorar la mejor alternativa terapéutica, y, por último (en el caso de farmacias acreditadas) prestar el servicio de deshabituación tabáquica.
Un protagonismo directo que la Organización Farmacéutica Colegial desearía que se replicase ahora en el resto del país.
Acuerdos ya adoptados
De vuelta a la medida nacional, para realizar la prescripción de los medicamentos en adelante financiados, los pacientes deben estar incluidos en un programa de apoyo (individual y/o grupal) de deshabituación tabáquica.
Además, deben cumplir con dos requisitos: tener una motivación expresa de dejar de fumar que se pueda constatar con un intento de abandonar este hábito en el último año y que fumen 10 cigarrillos o más al día y tengan, además, un alto nivel de dependencia.
Además, los medicamentos implicados llegan con topes claros: no lo podrán prescribir todos los médicos (solo quienes así se definan en el programa de deshabituación tabáquica en cada CCAA/INGESA o Mutualidad) ni recibirlo todos los pacientes: sólo se financiará un intento anual por paciente. Cada prescripción se realizará por un envase, lo que equivale a un mes de tratamiento, debiéndose valorar la evolución de la efectividad del tratamiento con carácter previo a la emisión de la siguiente receta. El tratamiento será como máximo hasta las doce semanas.
