Las ministras Carolina Darias y Teresa Ribera —a falta de Ione Belarra— firmaron esta semana en La Rioja junto al presidente del CGCOF, Jesús Aguilar, un protocolo marco de actuación para la farmacia rural que sirva como pilotaje para el desarrollo de servicios farmacéuticos asistenciales y de acciones de Salud Pública desde las farmacias rurales. El objetivo es mejorar la atención de los más vulnerables y garantizar la viabilidad económica de las boticas ubicadas en estas zonas. Un acuerdo que para Jaime Espolita, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar), ha sido “un acto con buenas intenciones, pero con buenas intenciones vamos a seguir cerrando y con condiciones que no son dignas”. Por ahora, están a la espera de que el Consejo les facilite el protocolo para poder estudiarlo.
Desde Sefar agradecen “al Gobierno de España y a nuestro Consejo General su preocupación por la situación de la farmacia rural”, pero manifiestan que desconocen por ahora el contenido completo del texto. Su presidente, además, cuenta a EG que nadie les ha consultado ni preguntado para la elaboración de un protocolo “que reclaman desde hace 13 años” y lamenta que las reuniones que han tenido con Sanidad han sido a cuenta propia.
No entiende que se hable de “un primer paso” para la farmacia rural, como expusieron Darias y Aguilar, porque “ya no llegamos a tiempo”. Desde su punto de vista es necesario un cambio del modelo retributivo para las boticas ubicadas en zonas con poca población. “Lo que se trataba ahora es de prestar servicios farmacéuticos profesionales remunerados”, expresa Espolita. No entiende que el acuerdo no recoja presupuestos específicos o partidas económicas que continuarán abocando a la farmacia rural a cierres o al desarrollo de su profesión en condiciones de precariedad. “Implicar a tres ministerios está muy bien, pero si no se ha conseguido sacar ningún recurso económico es una perdida de tiempo”, denuncia.
Medidas estructurales
Desde Sefar reclaman medidas estructurales para garantizar la supervivencia de estos establecimientos sanitarios y sus profesionales. “Nosotros nunca hemos pedido ayudas o subvenciones. Consideramos que hay una legislación que hace daño a la farmacia rural”, explica Jaime Espolita. Por ello pide que el modelo de planificación farmacéutica no sólo tenga en cuenta los envases dispensados o los pacientes, sino que cambie el modelo retributivo para remunerar todos los servicios y líneas de trabajo que realizan. “Todo lo que no sea eso es perder el tiempo, es un problema de viabilidad”, demanda el presidente de Sefar.
