La intención del Ministerio de Sanidad a principios de semana era hacer que el uso de la mascarilla fuera obligatorio tanto en centros sanitarios como en farmacias. Pero, finalmente, la ministra Mónica García ha confirmado este miércoles en una rueda de prensa a medios que únicamente será una obligación en los hospitales y centros de salud, quedando las farmacias exentas.
Así, en las farmacias españolas tan solo será recomendable su uso por decisión de las comunidades autónomas, según la titular de la cartera sanitaria. Eso sí, Asturias es la excepción, ya que la región estableció su uso obligatorio también en las boticas a partir del 9 de enero. Una medida que se extenderá durante 15 días, “periodo estimado de la alta circulación de virus respiratorios”, tal y como ha informado la Consejería regional.
Vuelta a las mascarillas
El Ministerio ha estado a lo largo de la mañana recibiendo las aportaciones de las comunidades. Y es que este 10 de enero finalizaba el plazo de 48 horas que Sanidad dio a las autonomías, tras la celebración del Consejo Interterritorial del SNS (CISNS) el pasado 8 de enero, para presentar sus propuestas frente a la situación epidemiológica actual de los virus respiratorios y así “tomar acciones coordinadas“.
El rango de incidencia es, según García, “similar” a niveles prepandemia, aunque es un “rango alto”. Además, ha apuntado el que el virus de la gripe está teniendo un “ascenso agudo en las últimas semanas” y existe “tensión en hospitales y centros sanitarios”.
De este modo, Sanidad ha recogido las propuestas autonómicas en un documento único y emitirá a las CC. AA. una “orden comunicada sobre el uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios“. García ha aclarado que dicha obligación podrá convertirse en recomendación en aquellas comunidades que presenten datos de infecciones respiratorias agudas “descendentes durante dos semanas consecutivas”, algo que se hará “a criterio de las comunidades”, pues la evolución de la epidemia es “desigual” en toda España.
En el documento, por tanto, Sanidad incorpora dicha flexibilidad en las mascarillas, la recomendación de su uso en las farmacias, la intensificación de la campaña de vacunación u otras medidas como la de ventilación. “Hemos quitado los planes de contingencia porque las CC. AA. ya tienen sus propios planes“, ha apuntado Mónica García.
Asimismo, se pide “tomar precauciones adicionales” como “la provisión y uso de mascarillas para el personal que atiende a personas con síntomas compatibles con infección respiratoria aguda y para las personas que presenten síntomas”. Una recomendación extendida también a la farmacia.
Decisión ¿unilateral?
La ministra ha afirmado que ya son seis comunidades las que han impuesto el uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios. En este sentido, ha indicado que hay regiones que cuentan con sus propias leyes de Salud Pública, pero, “desde el Ministerio, a través del artículo 65 de la Ley de Cohesión tenemos la competencia de unificar criterios“. “El objetivo prioritario es dar un respaldo jurídico a las comunidades autónomas, a la par que reconocemos su singularidad y su capacidad de adaptarse a los diferentes datos epidemiológicos”, ha expuesto García.
Pero muchas de las CC. AA. han manifestado su desacuerdo al respecto y no cuentan con esa sensación de diálogo y unidad de la que ha presumido el Ministerio. En su opinión, se ha “roto” el consenso del CISNS al actuar de forma “unilateral” adelantando a la opinión pública medidas sobre el uso de mascarillas”, como ha señalado el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero. “La titular del Ministerio de Sanidad ha divulgado un documento de medidas en relación al incremento estacional de infecciones respiratorias agudas que no ha sido debatido ni aprobado por el CISNS”, ha recalcado.
Por otra parte, el consejero aragonés ha destacado que el documento que aúna las propuestas “carece de soporte legal”, al no haber sido acordado por el CISNS ni darse actualmente una situación de especial riesgo o alarma para la salud pública que lo justifique y como exige el artículo 65 de la Ley de Cohesión, al que ha hecho referencia la ministra. En este contexto, Bancalero considera que se trata de un informe “sin ningún tipo de evidencia técnica”.
Julio García Comesaña, consejero de Sanidad de Galicia, también ha lamentado la “forma de proceder de este Ministerio”. Asimismo, ha insistido en que García ha tomado una “decisión unilateral”. “Se le ha pedido al Ministerio informes técnicos y hoy ha habido una Ponencia de Alertas donde ha quedado claro que no estamos en una situación de riesgo para la salud pública, pero la ministra insiste en una decisión desafortunada”, ha concluido.
Del mismo modo, la Comunidad de Madrid también se pronunció reiterando su rechazo a la medida del Ministerio de exigir el uso de mascarillas en centros sanitarios a nivel nacional. “No nos oponemos al uso de mascarillas, lo que pedimos es criterio científico”, aseguró Fátima Matute, consejera de Sanidad madrileña. Además, Matute indicó que el Ministerio “no tiene que dar una cobertura legal” a las comunidades que han decidido usar mascarilla en función de su índice de gripe, pues “no necesitan el respaldo legal de ningún ministerio“.
En este sentido, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, una vez que se ha confirmado la recomendación, ha informado a los colegiados al respecto y se ha recordado que es “especialmente recomendable ante la aparición de síntomas y con la presencia de pacientes vulnerables y de riesgo“.
Sin embargo, la región más crítica ha sido Euskadi. El Gobierno vasco ha anunciado que recurrirá ante la Administración de Justicia la orden del Ministerio de imponer el uso de mascarillas en centros de salud. “El Ministerio de Sanidad está utilizando un recurso legal absolutamente extraordinario, sin cumplir sus propios preceptos, para imponer su voluntad a la mayoría de las Comunidades Autónomas, en contra del criterio técnico de estas, y vulnerando sus competencias en materia de salud pública”, ha señalado el Gobierno vasco en un comunicado de prensa.
“Es incomprensible que el Ministerio, sin causa que lo justifique, sin acogerse al cumplimiento de la legalidad y en contra de la opinión de los expertos, haya ignorado las propuestas de consenso que han trasladado algunas comunidades, entre ellas Euskadi, y haya el elegido la confrontación como forma de relacionarse con las comunidades autónomas”, ha continuado Euskadi.
