J. Ruiz-Tagle Madrid | viernes, 25 de octubre de 2019 h |

“Las Administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo”. Este es el primer precepto que el Ministerio de Sanidad ha incluido en su borrador de Real Decreto por el que se desarrolla el artículo 11 sobre la colaboración en Salud Pública. El texto también incluye que para alcanzar el objetivo “será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes”. El texto, que admite alegaciones hasta el próximo 6 de noviembre, argumenta la necesidad de su reglamentación porque el sistema sanitario necesita “mantener y mejorar el buen gobierno y lograr que tenga el máximo crédito y confianza públicas posibles”.


Formación e investigación
El Ministerio pedirá que se realicen declaraciones de conflictos de intereses en estas tareas


Las dudas que se desprenden de este borrador es saber qué será para el Ministerio de Sanidad el conflicto de interés y, sobre todo, cuándo no se tendrá la imparcialidad presumible para cada uno de los miembros que hoy en día forman parte de los comités de decisión. “Lo que se pretende es desarrollar un modelo de transparencia y de declaración de conflicto de interés en relación con las decisiones que se tomen en Salud Pública pero como bien dice el documento podría servir de marco para el resto de decisiones en salud. Como idea no hay nada que objetar. Otra cosa sería ver el detalle, es decir, ver cuál es el modelo de conflicto de intereses y sobre todo qué impacto v a a tener esa declaración sobre la actuación de los profesionales”, asegura el presidente de Facme, Fernando Carballo.


Alegaciones
El borrador publicado da de plazo hasta el 6 de noviembre para que los afectados presenten alegaciones


El modus operandi para la formación de los diferentes comités que toman decisiones sobre salud pública es que el Ministerio elige a la sociedad científica o profesional que crea que tiene mayor conocimiento y, a partir de ahora, le pedirá y publicitará posteriormente la relación con los laboratorios por actuaciones de formación, investigación, asesoría o cualquier otra. ¿Se puede desprender que habrá profesionales que tengan que inhibirse en la toma de decisiones o, incluso, abandonar el comité? “Yo creo que se buscan dos cosas con este decreto. La primera es que el miembro del comité se abstenga en la toma de decciones y no participe del debate si hay un conflicto de interés fuerte , algo que por otra parte ya se hace. La segunda, y yo creo que la más importante, es que Sanidad quiera que se sepa quiénes toman las decisiones y que conflictos potenciales puedan tener”, explica Carballo, quien cree que las intenciones conocidas de Sanidad son razonables.


Transparencia
Sanidad publicitará la composición de los comités que realicen recomendaciones en salud


En cualquier caso, el presidente de Facme explica que su opinión es preliminar con lo que de momento se conoce y que esperará a que el Ministerio les haga llegar el borrador del real Decreto para poder estudiarlo antes del 6 de noviembre. “Nos gustaría conocer de primera mano el borrador para poder dar una opinión constructiva y con más elementos de detalle”, concluye.


Ley de Salud Pública
El borrador publicado hace referencia al desarrollo del artículo 11 de esta ley promulgada en 2011