Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Herido de muerte como está por culpa de la insuficiencia financiera, el déficit acumulado, la nefasta gestión de la crisis y las imprevisiones del Gobierno, la subida que experimentará el Impuesto sobre el Valor Añadido el próximo 1 de julio de este año, por obra y gracia de la ministra de Economía, Elena Salgado, puede constituir la estocada definitiva para el Sistema Nacional de Salud (SNS). Tienen razón en quejarse los proveedores de tecnología médica y productos sanitarios, como la tienen los propios gestores, que lamentan en voz baja por miedo a las represalias de muchos de sus superiores políticos un incremento que dejará tiritando las arcas públicas, privándolas de los recursos que nutren sus hospitales y centros de salud.
El PP ha calculado a vuela pluma las pérdidas para el sector. Según los datos de su portavoz adjunto, el ex consejero navarro de Salud Santiago Cervera, serán aproximadamente de 160 millones, de los que 130 corresponderán a la sanidad pública, y 30 a la sanidad privada. Con ello se podría sufragar la nómina a 1.700 médicos durante un año, o construir 60 centros de salud de un tamaño considerable. Y es que, frente a lo que reza la propaganda oficial, la marcha real de la economía augura una merma considerable de la capacidad adquisitiva de las comunidades, que no quedará compensada en tiempos como los actuales por el teórico aumento recaudatorio que se produciría con la polémica subida del tributo. El caso de los proveedores es especialmente significativo acerca del frenazo que provocará el alza en el sector. A Fenin, la patronal que agrupa a unas 500 empresas de tecnología sanitaria que operan en España, empleadoras de alrededor de 30.000 empleos directos y que facturan más de 6.000 millones de euros cada año, no le salen las cuentas, y así se lo ha hecho ver a la Secretaría de Estado de Hacienda, que en esta dramática crisis está fallando más que una escopeta de feria.
Con una deuda acumulada de 3.000 millones a finales de marzo, y unas demoras medias en los pagos de 280 días, que superan incluso con creces los 600 días en autonomías como Murcia y Cantabria, los servicios regionales de salud se las verán y se las desearán a partir de julio para afrontar los pagos o reducir plazos de demora. La subida caerá sobre ellos y sobre sus respectivas consejerías de Hacienda como una losa que les restará liquidez, y ya se sabe que cuando hay menos dinero, los débitos se desplazan siempre hacia atrás en el orden de prioridades. Consciente de ello, Fenin reclama al Ejecutivo la instauración de un IVA reducido como el que existe ya para los medicamentos, porque en caso de subir el IVA de 7 a 8 puntos en algunos productos, y de 16 a 18 en otros, las autonomías se quedarán sin fondos a corto plazo para afrontar sus obligaciones. Se tratará de un nuevo golpe a la sostenibilidad del sistema que perjudicaría a los supuestos beneficiarios. Un golpe anunciado de nuevo por el PP y por el sector sanitario, al que el Gobierno haría oídos sordos. Un agujero que obligaría, en definitiva, a más parches.
Preguntas sin respuesta
¿Por que insta José Zamarriego a algunos laboratorios a que restrinjan el envío a los medios generales de información sobre medicamentos? ¿Existe alguna consigna del ministerio al respecto? ¿Qué sociedad científica trató de utilizarle como ariete contra otra con la que mantiene una especial rivalidad?
¿Qué presidente de un Consejo General que no es el de médicos está haciendo un negocio impresionante a costa de la formación?
¿Qué Consejo General celebrará la asamblea de su Comité Ejecutivo en Santiago de Compostela? ¿Cuánto costará el viaje, con acompañantes?
¿Qué ‘cerebro’ de la OMC tuvo la ocurrencia de debatir sobre la gripe A cuando las temperaturas rondan los 30 grados?
