El reconocimiento por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del derecho al olvido de datos personales en internet va a repercutir muy directamente sobre la gestión de la propia imagen digital de médicos y profesionales de la Sanidad. Así se expuso en el taller organizado por la aseguradora A.M.A. y la Fundación A.M.A. dentro del XXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario celebrado en Madrid.
Los profesionales sanitarios son uno de los colectivos que más venía sufriendo perturbaciones en torno a su imagen en internet, así como las denominadas “penas de buscador” y “penas de banquillo”. Hasta ahora, opiniones o juicios anónimos en la red, noticias sobre denuncias a profesionales sanitarios que finalmente no prosperaban y otros muchos malos usos se perpetuaban en internet, con el consiguiente perjuicio para la imagen y el prestigio de los profesionales.
Para Raquel Murillo, subdirectora general y directora del Ramo de Responsabilidad Civil Profesional de A.M.A., esas perturbaciones de imagen se relacionan con “el imparable incremento de reclamaciones por responsabilidad profesional sanitaria”. La inmensa mayoría de ellas son declaradas infundadas por la Justicia, pero para entonces “la larga tramitación del proceso genera una indudable e irreversible carga de desprestigio para el profesional que la sufre”.
Murillo recordó que el 97 por ciento de las denuncias tramitadas contra profesionales sanitarios asegurados por A.M.A. concluyen sin ningún tipo de responsabilidad para el sanitario, “aunque la carga personal y mediática que se genera contra ellos es innegable”. Junto a Murillo, también participó en el taller Ricard Martínez, doctor en Derecho y presidente de la Asociación Profesional Española de la Privacidad. Este experto expuso que una sociedad incapaz de olvidar estaría condenando a las personas a la discriminación, y que algo de eso sucede ya ante la sobreexposición de todos los ciudadanos a internet y las redes sociales.
Asimismo, recordó que, además de derechos esenciales como los del honor, intimidad y propia imagen, esa sobreexposición podría vulnerar también la propia identidad personal, por cuanto el rastreo de una persona en un buscador puede destacar aspectos falsos o superados, a los que además habría que añadir el potencial discriminatorio que ese efecto produce. A su juicio, el derecho al olvido debería servir para atemperar y ponderar esos riesgos, y puso como ejemplo de esa línea de defensa la normativa italiana que prohíbe captar imágenes de procesados.
De igual forma, participó en la sesión María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional. Casas relacionó el actual estado de la cuestión en torno al derecho al olvido con la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional viene aplicando desde 1992 en defensa del artículo 18.4 de la Constitución. En este sentido, destacó que esa jurisprudencia ha servido para consolidar un sistema muy completo de preservación de la privacidad de las personas, que se suma y complementa con la preservación del derecho a la intimidad, y que, en conjunto, permiten la cancelación de determinados datos íntimos o privados, los mismos que ahora se incluyen en el derecho al olvido.
