Nuevamente, un informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia levanta ampollas. En esta ocasión es el Ministerio de Sanidad quien se lleva los principales rapapolvos de este organismo. Si bien en su informe sobre el proyecto de texto refundido de la Ley de Garantías celebra la “seguridad jurídica” que aporta dicha refundición, también aprovecha para manifestar ciertas críticas a la forma de actuar de esta Administración y acusaciones veladas de querer ‘rizar el rizo’, en especial en materia de fijación y financiación de precios de medicamentos.
Por ejemplo, Competencia critica la “intensidad intervencionista” de Sanidad en torno a los precios, así como el “complejo” conglomerado de regímenes que cohabitan en la legislación farmacéutica española: precios financiados, no financiados, intervenidos, notificados, seleccionados, precios de referencia… Todos ellos son sistemas “mejorables” para Competencia. Para este organismo, la complejidad de la regulación de precios y sus supuestos de financiación pública “es confusa y no alcanza a comprenderse el ámbito de aplicación de cada régimen ni el mecanismo de intervención o fijación, ni tan siquiera por operadores jurídicos (…) lo cual tampoco facilita la seguridad jurídica para los operadores y en última instancia, para el público”.
En resumen, considera que ese excesivo intervencionismo “no es ni la mejor de las opciones posibles disponibles para la Administración ni debe intervenirse con tanta intensidad”. Respecto a sus propuestas, siempre en consonancia con el espíritu de libertad competitiva que promueve este organismo, Competencia apuesta por modelos como las subastas o compras públicas centralizadas “que conseguirían importantes ahorros al SNS”, así como “reconsiderar” la limitación “tan intensa” de los descuentos que los laboratorios y distribuidores pueden realizar a las oficinas de farmacia por pronto pago o volumen de compras de fármacos (actualmente un 10 por ciento). No obstante, no todo son críticas en este informe. De Sanidad y las Administraciones públicas se alaba, entre otras cuestiones, la aproximación más económica en la evaluación de medicamentos , la transparencia en la adopción de decisiones, el fomento de los genéricos y la creación de un Comité Asesor en la Comisión Interministerial de Precios.
Aunque no hay regulación ‘nueva’ que sea protagonista en ese texto refundido de la Ley de Garantías quepropicia la publicación de su informe, Competencia aprovecha una vez más para a atacar la “excesiva ordenación de las oficinas de farmacia”, sobre la cual recuerda que sigue elaborando un informe concreto al respecto. En el documento ahora conocido —fechado a 15 de marzo— insiste en que la ordenación “constituye un obstáculo a la libertad de establecimiento y a la libre competencia”. Más concisamente, expone que “dicha restricción impide que lso potenciales beneficios derivados de la integración vertical de actividades de la cadena del medicamento se trasladen al consumidor.
Otro de los puntos en los que la oficina de farmacia sale mal parada de este informe es la recomendación que hace Competencia sobre la “liberalización” de la venta de medicamentos no sujetos a prescripción a otros canales que no sean la botica. Con la regulación actual que limita estas ventas exclusivamente a las farmacias “se restringe extraordinariamente el número y variedad de operadores que podrían introducir altas dosis de dinamismo y competencia”, expone.
