Los farmacéuticos comunitarios de Andalucía le plantan cara al Servicio Andaluz de Salud (SAS). La Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (CEOFA) ha manifestado mediante un comunicado estar “rotundamente en contra” de la medida que obliga a las oficinas de farmacia de la comunidad autónoma a aportar un cinco por ciento de sus ventas de medicamentos genéricos al SAS. “Creemos que no se ajusta al derecho debido a que vulnera la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, que es de carácter básico y obligado cumplimiento por las Comunidades Autónomas”, han indicado.

Desde CEOFA sostienen que, “por lo que parece”, con el acuerdo de promoción del genérico se pretende que se hagan dispensaciones de medicamentos genéricos de todas las prescripciones por principio activo que lleguen a las oficinas de farmacia, con la penalización de devolución de las recetas. “Esto puede vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia, al favorecer al genérico en detrimento de la marca, ya que se realiza mediante la modificación del Concierto y no por ley, como ocurrió anteriormente”, recalcan.

Además, añaden que esta práctica “puede ser contraria” a la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, debido a que esta les habilita a dar marca o genérico ante una prescripción por principio activo. Al respecto también alegan que “se estaría conculcando la libertad del farmacéutico para dispensar una marca, según su criterio sanitario, en pacientes con ciertas patologías, a los que puede no convenir cambiarle la medicación que ya están tomando”.

Consecuencias sobre el crecimiento de genéricos y la descongestión de AP

En esta línea, determinan que el acuerdo entre el SAS, el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (CACOF) y la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) “no es bueno para las oficinas de farmacia andaluzas, porque no estimula el crecimiento de genéricos, sino que penaliza su dispensación por parte de la Farmacia. Además, no existe una contrapartida clara para las oficinas de farmacia. Se crea una discriminación tanto de los pacientes como del farmacéutico con respecto al resto de España”.

Además, desde CEOFA lamentan que “estas medidas, lejos de ayudar a la farmacia asistencial, procuran todo lo contrario y no facilitan que se ayude a descongestionar la Atención Primaria (AP)”. De hecho, hacen alusión a que no les parece oportuna esta “subasta encubierta” y recuerdan que el Partido Popular se comprometió electoralmente a su eliminación por la discriminación que ocasionaba en la población andaluza con respecto al resto de españoles.

Al final del comunicado hacen referencia a que CEOFA se reserva el derecho al ejercicio de las acciones legales oportunas.


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