El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias mostró su preocupación la semana pasada por la creación de unas subastas de medicamentos en el Principado. Por ello la presidenta de la corporación asturiana Belén González-Villamil Llana se reunió con el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, para que le informara sobre el asunto. El COF ha recibido comunicación oficial por parte de la Consejería de Sanidad o el Gobierno del Principado respecto a implantación en la región un modelo de selección pública de medicamentos (subastas).
Concretamente la presidenta explica que “el Consejero se ha puesto en contacto con nosotros para informarnos que, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional, están estudiando jurídicamente esa posibilidad, cuestión sobre la que también informó en la Junta General del Principado”. Por otro lado, confirma que han mantenido un encuentro con los responsables de la Administración para conocer más acerca de estas intenciones. Y en esa intervención, explica González-Villamil, se dijo que iba a estudiar sosegadamente esta iniciativa y hablar con el sector, “y en eso estamos una vez evalúen el estudio al que está siendo sometido este sistema”, añade.
Sobre la posibilidad de —tal como se recoge en el Plan Normativo para 2017— se intente articular este sistema a través de la LOF regional, la presidenta colegial afirmó que ”no sería, al menos de momento, una adaptación para realizar las subastas de medicamentos”. Esto fue lo que les trasladó el consejero, que la modificación “no es para articular este sistema sino para adaptar nuestra Ley de Ordenación a la Sentencia del Tribunal Constitucional”. Se refiere a que en la actualidad no permite la participación en los procedimientos de apertura de nuevas boticas a los farmacéuticos mayores de 65 años.
En opinión de la presidenta del COF de Asturias, las subastas de Andalucía son un modelo que “influye directa y negativamente sobre la rentabilidad de las oficinas de farmacia y su gestión”, y como a cualquier empresa, esto les afecta negativamente. Aunque también los usuarios lo sufren “por los desabastecimientos que se producen, cambios de medicamentos, con la consiguiente pérdida de adherencia en los tratamientos”, explica. En cualquier caso, si la consejería aprobara el sistema, las medidas que podrían adoptar desde el Colegio no se materializarían hasta 2018, fecha en la que comenzaría el trámite normativo. Finalmente, González-Villamil reconoce que no ha notado en estos días inquietud por parte de las asociaciones de pacientes.
