La llegada a cuentagotas de vacunas a la Unión Europea ha reabierto el antiguo debate sobre la liberalización o no de patentes. La Comisión Europea considera que la suspensión de patentes de vacunas contra la COVID-19 “no resolverá” el problema actual de acceso a las mismas. Por ello, es partidaria de fomentar la colaboración entre compañías farmacéuticas para aumentar la capacidad de producción a escala global.

El debate, avivado por la escasez de suministro

La polémica se reavivó en el seno de la reunión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada el pasado 30 de marzo. La nueva directora de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, informó de sus planes para convocar un evento a mediados de este mes de abril para discutir el aumento de la producción de vacunas COVID-19 y de cómo la OMC puede contribuir a una distribución más rápida y equitativa de las vacunas.

“La idea es impulsarnos en nuestra búsqueda para resolver este acceso injusto e inaceptable de los países pobres a las vacunas”, señaló. “Hay una escasez de suministro muy grave, y cómo resolverlo es mirar cómo expandimos la fabricación en todas sus formas”.

Asimismo, la directora mostró su intención de que este evento sirva para avanzar en los debates sobre el acceso a las vacunas, incluso el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Y es que la OMC tiene sobre la mesa desde octubre de 2020 la propuesta de Sudáfrica e India para que los productores de vacunas COVID-19 no estén sujetos a patente. Varios países más son del mismo parecer e incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha mostrado a favor de suspender las patentes en vacunas.

En España, el presidente valenciano Ximo Puig ha enviado recientemente una carta al Comité Europeo de las Regiones para revisar el sistema actual de patentes. Su intención es suspender de forma temporal las patentes para tratar o prevenir la COVID-19 o buscar una tercera vía entre la independencia total de los laboratorios y la inseguridad jurídica, habilitando fórmulas de compensación.

En concreto, con esta tercera opción, Puig se refiere a ofrecer fórmulas de compensación a las empresas farmacéuticas afectadas “si se opta por el marco jurídico que permite, ante condiciones excepcionales, otorgar a terceras empresas las llamadas licencias obligatorias, en paralelo a las patentes”, según recoge en el escrito.

¿Por qué no conviene la suspensión de patentes?

Sin embargo, la Comisión Europea no ve beneficio alguno en la suspensión de patentes. “Los problemas de acceso a vacunas no se resolverán suspendiendo las patentes. Están relacionados con una insuficiente capacidad de producción para fabricar las cantidades necesarias”, ha expresado el portavoz del Ejecutivo comunitario, Balazs Ujvari, en una rueda de prensa.

Por tanto, Bruselas se decanta por fomentar acuerdos sobre licencias de explotación entre desarrolladores de vacunas y compañías farmacéuticas, una cooperación que ya existe a nivel global pero que ve necesario incrementar.

Asimismo, Ujvari ha hecho hincapié en la importancia de encontrar medidas que preserven los incentivos para innovar e investigar en temas relacionados con la salud y diseminar la tecnología y el conocimiento a través de la colaboración entre los diferentes actores del sector de productos médicos.

Por su parte, la industria está de acuerdo con la Comisión. Y es que las compañías han invertido mucho dinero para conseguir las vacunas necesarias contra la COVID-19. Y sin patentes, no hay incentivos. Además, como señala Bruselas, liberar las patentes ahora no servirá de ayuda para que las vacunas lleguen más rápido, pues eso depende de la fabricación y la inversión.

Farmaindustria defiende que la protección industrial a través de las patentes es “crítica” para garantizar que en un futuro próximo dispongamos de nuevos medicamentos. “Los derechos de propiedad garantizan que compañías farmacéuticas se lancen a la incierta carrera de investigar medicamentos, que implica de media diez años, grandes costes (unos 2.500 millones de euros) y, sobre todo, alto riesgo (de cada 10.000 compuestos analizados apenas uno llegará un día a ser un medicamento disponible)”.


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