Los efectos derivados de la transición ecológica podrían incrementar el Producto Interior Bruto entre 16.500 y 25.700 millones de euros anuales, según las estimaciones incluidas en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En total, la transición ecológica podría incrementar más de 200.000 millones de euros de inversión en la década de 2021-2030, según el Gobierno.
El impacto positivo de la transición ecológica en la riqueza nacional ha sido calculado frente a un escenario de ‘acción cero’ en esta materia. Dicho de otro modo, España podría perder hasta más de 200.000 millones en los próximos diez años si no adopta las medidas promovidas por esta ley, así como por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
La posible aportación al PIB es una de las grandes cifras que incluye el proyecto de ley impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). Pero no es la única. También implícita está la importante inversión que requerirá la transición ecológica para España.
Recursos públicos destinados a la lucha contra el cambio climático
Según el proyecto, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deberán contribuir a los objetivos en cambio climático y transición energética con “al menos un porcentaje equivalente al acordado en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea”. De este porcentaje se exceptuarán los recursos transferidos a las Administraciones territoriales, así como gastos que “no tienen incidencia en el cambio climático”, como gastos de personal, finalidad social o pensiones y prestaciones por desempleo.
Además, esa cantidad, que se determinará anualmente en los PGE, se actualizará a mitad de ese ciclo. El Gobierno, a propuesta conjunta del Miteco y del Ministerio de Hacienda “revisará al alza” ese porcentaje “antes del año 2025”. De la misma manera, ambos ministerios podrán proponer la inclusión de nuevos criterios que contribuyan a los objetivos establecidos en materia de cambio climático y transición energética.
Por otra parte, el Gobierno señala que los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero serán empleados para objetivos en materia de cambio climático y transición energética. Por ello, se destinarán al menos 450 millones de euros para financiar los costes del sistema eléctrico previstos en la Ley del Sector Eléctrico, referidos al fomento de las energías renovables.
Impacto positivo en el empleo
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra del Miteco, Teresa Ribera, ha destacado que este texto “sitúa la lucha contra el cambio climático y la transición energética en el centro” de las Administraciones Públicas.
“Es un proyecto de país, responsable con nuestro presente, nuestra salud, nuestra calidad de vida, nuestro modelo de prosperidad y, sobre todo, nuestro futuro”.
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra del Miteco, Teresa Ribera
Lo cierto es que la transición ecológica no sólo beneficiará a la sociedad en el entorno ambiental y económico; también en el empleo. El proyecto de ley resalta cómo “en un país con altas tasas de desempleo como España”, la transición ecológica de las empresas podría aumentar el empleo neto entre 250.000 y 350.000 puestos de trabajo al final del periodo.
Objetivo 2030 y 2050
El Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética mantiene los compromisos internacionales asumidos por España. Su objetivo principal es alcanzar la neutralidad de emisiones en España, “a más tardar en 2050”. También mantiene las dos grandes referencias temporales que se manejan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), introducir energía renovables y ser más eficientes en el uso de la energía: 2030 y 2050.
Para 2030, la primera meta es reducir las emisiones de GEI en al menos un 20 por ciento con respecto a 1990. En relación a los últimos datos disponibles (de 2017), este esfuerzo supone retirar en torno a un 33 por ciento de las emisiones. Según el Miteco, esta cifra equivale a una de cada tres toneladas de dióxido de carbono (CO2) que se emiten en la actualidad. De esta manera, el proyecto secunda también la ambición de la Comisión Europea, cuyos objetivos para 2030 han pasado del 40 por ciento respecto a 1990 a una horquilla de entre el 50 y el 55 por ciento.
Más allá, y también para 2030, el proyecto se ha marcado como objetivo generar el 70 por ciento de la electricidad con energías renovables. Además, busca asegurar que al menos el 35 por ciento del consumo final de energía proviene de este tipo de energías renovables.
Para 2050, España debería alcanzar la neutralidad climática. Para garantizar el avance en transición ecológica, el proyecto de Ley se basa en el principio de la no regresión. Es decir, que una vez se apruebe se podrá revisar en todo caso al alza, con objeto de ser más ambiciosos, pero no habrá posibilidades de dar marcha atrás.
Planes Nacionales
Para poder conseguir estos objetivos, el proyecto de Ley cuenta con la implementación de dos grandes planes nacionales. El primero es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Pnacc), un instrumento de planificación que garantizará una “acción coordinada y coherente” frente a los efectos del cambio climático.
El Pnacc definirá los objetivos, criterios, ámbitos de aplicación y acciones para fomentar la resiliencia y la adaptación ante el cambio climático.
Este Plan Nacional incluirá también la adaptación frente a impactos en España derivados del cambio climático que tienen lugar más allá de fronteras nacionales y priorizará la adaptación al cambio “basada en ecosistemas”. Es decir, será necesaria la elaboración de “escenarios climáticos” regionalizados para la geografía española.
El segundo será el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Será el encargado de reflejar la contribución de España a la consecución de los objetivos europeos en ambas materias. El primer Plan Nacional Integrado de Energía y Clima abarcará el periodo 2021-2030 e incluirá los objetivos y contribuciones cuantitativas “a nivel nacional y sectorial”.
