La financiación autonómica ha estrenado los plenos ordinarios de la legislatura en el Parlamento. Más concretamente, las dificultades de tesorería que los Gobiernos autonómicos podrían llegar a tener en los últimos días del año si, llegado el momento, no se hubieran actualizado los anticipos y su impacto en la prestación de los servicios públicos fundamentales. El Gobierno ha hecho un llamamiento a la calma, al tiempo que intenta desmontar la teoría que asocia el problema del pago de los anticipos de una afectación directa a, entre otros, los servicios sanitarios.
Según confirmó en el Senado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, a preguntas de la oposición, los anticipos (cantidades que les corresponde a las comunidades autónomas por haber recaudado más de lo el Estado les entregó en previsión a un nivel de ingresos) seguirán bloqueados, pero esta retención sólo afecta a los pagos de determinadas facturas, y no a los servicios públicos esenciales. Es decir, que la imposibilidad del Gobierno en funciones de acometer esos pagos no perjudica a la Sanidad, la dependencia o la educación.
Precisamente en esos términos se movió el debate de una Proposición no de Ley presentada en el Congreso por el grupo popular. “Lo realmente social, señorías, es la prestación de los servicios públicos básicos, servicios públicos de los que se encargan las comunidades autónomas; estoy hablando de la sanidad, de la educación, de la dependencia y de los demás servicios sociales. Solucionar su financiación sí es una medida social, porque además el dinero sí existe, Hacienda ya lo ha recaudado y pertenece a las comunidades autónomas”, aseguró el diputado Jaime de Olano, encargado de defender la PNL.
Los votos de PSOE, Unidas Podemos y Esquerra impidieron que la PNL saliera adelante, aún poniendo de manifiesto que nadie niega las dificultades de tesorería de los gobiernos autonómicos. No obstante, ninguna de las fórmulas que plantea la oposición —la utilización del mecanismo del real decreto-ley; habilitar un crédito a coste cero; utilizar los mecanismos extraordinarios de financiación, como el FLA o el Mecanismo de Facilidad Financiera— entra por ahora en los planes del Gobierno, que está buscando, según Montero, una fórmula que permita que antes de final de año la actualización sea una realidad y las autonomías reciban lo que le corresponde.
