Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Los tiempos cambian. Muchos de los protagonistas, también. Los pactos se renuevan y, sin embargo, las deficiencias y errores siguen siendo los mismos. Consumado el reparto de fondos de lo que el Gobierno ha dado en llamar “acuerdo” de financiación, tras haberse satisfecho todas las exigencias que imponía Cataluña, el panorama que se le abre por delante a la España autonómica es peliagudo. Por un lado, las comunidades reciben una inyección extra de dinero muy apetecible en estos tiempos de crisis y de insolvencia financiera derivada de la aguda caída de la recaudación impositiva. Este dinero se destinará en mayor medida a compensar el aumento de población experimentado en los últimos años, lo que equivale a decir que serán los feudos con mayor capacidad de atracción demográfica y, por tanto, los más ricos, los que percibirán más recursos. El peligro de fragmentación del Sistema Nacional de Salud (SNS) es evidente, casi tanto como el de la consolidación de una España de dos velocidades en Sanidad. Por otro lado, y a falta de ver la letra pequeña que resulte del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se repite un fallo existente en todos y cada uno de los acuerdos financieros que ha suscrito en España el Estado con las comunidades autónomas: el de la ausencia de elementos garantistas que aseguren el buen uso de los fondos y de un plan de ahorro complementario que contribuya a frenar desviaciones presupuestarias generadas por posibles despilfarros.
Efectivamente, el “acuerdo” que tanto le ha costado fraguar al Gobierno no lleva aparejado, al menos en Sanidad, un plan de uso racional de los recursos que penalice los abusos e imponga la uniformidad territorial. Tampoco sienta los topes ante los cuales las comunidades deben dejar de gastar, con el objetivo de impedir que la brecha actual entre servicios autonómicos siga creciendo. Se echa en falta, pues, una renovación del catálogo de prestaciones que frene la injusticia consistente en que el sacrificio de unos territorios sirva para retribuir los lujos que decidan aplicar otros. También sería deseable un programa uniforme de control del gasto en medicamentos que frustre el denominado efecto dominó: no es admisible que con el reparto de fondos que se ha hecho, unas comunidades puedan, por ejemplo, decidir a su libre arbitrio la financiación de productos o vacunas sobre los que no existe consenso, obligando a otras con menos recursos a seguir sus pasos con el fin de que su población no se levante en armas. Y hace falta un control real de las bajas laborales que incentive de verdad a médicos e inspectores, porque no es de recibo que la incapacidad temporal siga siendo fuente de gasto descontrolado por culpa de la nesciencia de las administraciones.
A pesar de la notable inyección de fondos que lleva aparejado, el “acuerdo” fraguado por el Gobierno no lima desequilibrios ni pule desigualdades. Es más, todo apunta a que generará brechas aún mayores entre los territorios, y la sanidad no escapará de esta espiral a la que nadie parece querer poner freno. Es, pues, pan para hoy y hambre para mañana.
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