¿Qué funcionario de la agencia del medicamento puede destrozar a más de una compañía por la vendetta personal que quiere realizar contra una de ellas?
¿Cómo es posible que lo consientan sus superiores y el Ministerio de Sanidad? ¿Tuvo algún expediente en el pasado dicho funcionario?
¿Qué laboratorio sopesa dejar de producir uno de sus productos históricos porque con las rebajas de precios tendría que hacerlo a pérdidas?
¿Cuánto ha caído el presupuesto para vacunas en todas las comunidades?
Es pronto para que la metralla se despliegue y cause heridas entre los agentes del sector. Sin embargo, en marzo, las balas empiezan a silbar alrededor de muchas de sus cabezas dentro de la guerra desatada desde Bruselas contra el déficit. Balas estatales y balas autonómicas, porque las hay de todo tipo. Una de las que pretenden ser esquivadas es la del nuevo sistema de precios de referencia. Hasta los fabricantes de genéricos, tan beneficiados por iniciativas de este tipo en tiempos pasados, han decidido bajar al ruedo y pelear duro para que el ministerio no llegue a niveles tan bajos de precios. Con el plan proyectado por Sanidad, algunos fármacos podrían costar solo unos céntimos, y más de un histórico podría salir del vademécum por las pérdidas en las que incurriría su fabricante al producirlo. La orden incorpora además elementos surrealistas, al reseñar por ejemplo que como los fármacos afectados llevan más de diez años en el mercado, la inversión ya se ha recuperado, lo que no provocará despidos en las compañías afectadas. Además de gratuita, la interpretación es para echarse a temblar.
Las balas que silban sobre el sector proceden también de las comunidades. Los hospitales concertados del Instituto Catalán de la Salud aprueban estos días rebajas unilaterales, como si la autoridad en materia de medicamentos fueran ellos y no el ministerio, que calla incomprensiblemente. Se supone que el endurecimiento por parte de la autoridad central de las medidas de ahorro iba a acabar con la voracidad recaudatoria autonómica, pero se ve que ni con esas. Para echarse a temblar más aún. En esta carrera desenfrenada por lograr ahorrar más a costa de los laboratorios no se descuelga, por supuesto, Andalucía. No contenta con las subastas, la consejera María Jesús Montero sigue dándole vueltas al establecimiento de los temidos ‘jumbos’ y en el ministerio hay un alto cargo que dice por lo bajo que quizás sea mejor seguirla en vez de hostigarla, porque con esta mujer no puede nadie. Sea como fuere, el fantasma planea de nuevo sobre el sector y sigue ahí, acechando sus cuentas de resultados.
Y, finalmente, otro hecho. Como ya se dijo aquí, el pronto pago al que obliga la directiva europea y al que apela Hacienda tiene trampa. Funcionarios bien aleccionados por sus jefes ya amenazan a los laboratorios que pretendan ejercer su derecho a cobrar los pertinentes intereses de demora con la cantinela de que se dejarán de comprar de forma inmediata sus productos para adquirir los de la competencia. Desde luego, el laboratorio que soporte dichas amenazas debería acudir instantáneamente a un juzgado de guardia y denunciar el hecho, porque eso se llama extorsión en toda regla. España está económicamente mal, pero no puede convertirse nunca en un país bananero por culpa de funcionarios incompetentes.
