La cobertura que Muface, Isfas y Mugeju hacen al colectivo de funcionarios puede verse afectadas en los cambios que sufrirá la Ley General de Sanidad para universalizar la asistencia sanitaria. En la misma semana que el CISNS debatió un informe sobre este asunto, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha manifestado que una cosa es la universalización y otra la regulación “ex novo” de aspectos que defienden un único modelo gestor, el público. A su juicio, el cese o deterioro del sistema de mutualidades produciría “una situación gravísima” tanto para el sector privado como para el público. “Muchos centros privados se verían abocados al cierre y el Régimen General de la Seguridad Social se incrementaría en varios millones de personas con el consiguiente riesgo de posible colapso del sistema general”, alerta el IDIS.
En cualquier caso el sector sanitario privado necesita “marcos estables de referencia”, según el IDIS, para quien su desarrollo “no puede estar sometido constantemente ni al dogmatismo de hacer públicos todos los servicios relacionados con la salud, ni al oportunismo electoralista, ni al vaivén político de cada momento”.
carlos b. rodríguez
Madrid
El Consejo Interterritorial de la semana pasada fue extraordinario en más de un sentido. Se convocó con 15 de los 19 responsables de sanidad en funciones, sin una comisión delegada que analizara los asuntos a tratar y con un orden del día ‘relevante’, pero no ‘urgente’ que se intentó arreglar incorporando a última hora la gestión de la crisis del pepino. Nada de esto pasó desapercibido a los consejeros del PP, que tras ver denegada su petición de aplazar la cita, hasta que se formen los gobiernos autonómicos, decidieron no acudir. La foto de familia también es histórica. Nunca un pleno se ha iniciado con tan pocos representantes.
Fueron Javier Fernández-Lasquetty y Francisco Javier Álvarez-Guisasola (el CISNS nombró a éste último representante autonómico en las reuniones del Consejo de Empleo, Política Social y Consumidores para el segundo semestre) quienes promovieron una estrategia a la que se sumaron Pilar Farjas, Manuel Cervera, Ángeles Palacios y José Ignacio Nieto, así como los titulares de Ceuta y Melilla. No escatimaron adjetivos para calificar la convocatoria del Interterritorial. Inoportuna, improcedente, irregular, poco operativa y desvirtuada son algunos de ellos. A la larga, todos ponen fin a los años de normalización que el Consejo había alcanzado con el ex ministro Bernat Soria.
La gestión en la crisis del pepino no ha paliado las críticas al orden del día. El PP no entiende la ausencia de los recortes catalanes o la sostenibilidad del SNS. Farjas quería trasladar de nuevo al Interterritorial la petición de extender a todo el sistema el catálogo gallego y la exigencia de que se revisen de forma inmediata los precios de referencia y con la que, según la Xunta, se producen sobrecostes injustificados por valor de 1.500 millones de euros anuales.
Tanto el PSOE como el Ministerio veían motivos más que suficientes para asistir a un Pleno que tenía como tema estrella la Ley de Muerte Digna y acusan al PP de utilizar el Pleno como arma de confrontación política.
