REDACCIÓN
Madrid
En las últimas semanas ha vuelto a saltar a la palestra uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el modelo farmacéutico español: los baremos que establecen las diferentes comunidades autónomas en los concursos de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia. Un problema que, en estos momentos, afecta a varios centenares de boticas, cuyos titulares han visto cómo los tribunales de justicia han anulado estos concursos. Y es que, estas sentencias amenazan con el cierre a muchas de estas oficinas de farmacia y, asimismo, tiene un efecto colateral: ponen en tela de juicio el modelo actual.
Así ha ocurrido en el caso de Canarias, donde el pasado mes de julio el Tribunal Supremo anuló la convocatoria de 2001 al entender que el Consejo de Gobierno regional no tenía potestad para convocar el concurso, ya que éste debería haber sido realizado por la Consejería de Sanidad. Un falló que también repercute sobre el concurso de 2007. De este modo, la sentencia obliga a cerrar 198 oficinas de farmacia y a convocar un nuevo concurso para adjudicar correctamente estas boticas.
La comunidad de Galicia es otro ejemplo de esta guerra de concursos. En este sentido, 87 nuevas aperturas asignadas en marzo peligran tras la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia gallego del concurso por las que se adjudicaron. Así, el fallo del tribunal estimó que los baremos establecidos en este concurso eran discriminatorios, ya que primaba a los aspirantes con experiencia en farmacia hospitalaria.
La prueba de fuego
Sin embargo, el ‘caso Canarias’ y el ‘caso Galicia’ son sólo la punta reciente de un iceberg que tiene en la cuestión prejudicial asturiana planteada ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo su auténtica prueba de fuego. Un concurso de adjudicación que data de 2002, sobre el que ya se ha pronunciado el abogado general Miguel Poiares, sobre el que se fallará a principios de año y que se convertirá en la piedra de toque del futuro de los baremos por los que se rigen los concursos de las diferentes comunidades autónomas.
En este sentido, destaca que el abogado general puso en tela de juicio este sistema por la falta de coherencia y los desajustes a la hora de incentivar, por ejemplo, a los farmacéuticos que han ejercido en zonas menos pobladas. Así, Poiares estimó que no era coherente, de acuerdo con el sistema planificado existente en España, dar prioridad a los farmacéuticos que no habían sido titulares sobre aquellos que ‘cumplieron condena’ en zonas menos habitadas.
A este respecto, parece que los más interesados en mantener estas diferencias en los baremos y en establecer criterios propios para la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia (haber ejercido en la región, primar a los rurales, conocimiento de la lengua cooficial de la comunidad, expedientes, la formación, las publicaciones o la participación en programas sanitarios, discapacidades…), son las propias comunidades autónomas. Un asunto para el que tienen potestad, debido al traspaso de competencias en materia sanitaria, pero que se podría modificar si fuese Europa la que obligase a introducir cambios.
Y es que, los diferentes baremos que establecen las comunidades autónomas no son bien vistos por la mayoría de los profesionales farmacéuticos, que consideran que deberían unificarse criterios para la adjudicación de boticas. Un punto sobre el que también se han pronunciado desde el Ministerio de Sanidad en alguna ocasión, al señalar que a pesar de defender el modelo planificado existente en nuestro país sí se deberían introducir algunos cambios. Unos cambios que se centrarían en establecer un criterio común en los concursos para todo el país.
Farmacia judicializada
A la espera de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre la cuestión prejudicial asturiana, que será fundamental para llevar a cabo cambios en los baremos de los concursos de adjudicación, el panorama judicial español sigue trufado de asuntos relacionados con los concursos autonómicos de adjudicaciones de farmacias.
En Andalucía, el Tribunal Supremo anuló el concurso de 2003 que otorgó 182 nuevas farmacias; en Extremadura, el Tribunal Superior de Justicia dejó sin efecto el concurso por el que en 1998 se adjudicaron 35 boticas; en Cantabria, el Tribunal Supremo anuló parcialmente en 2007 el baremo que primaba la experiencia en la región; en Aragón se han interpuesto recursos al concurso de adjudicación de 2009; en la Comunidad Valenciana se modificaron los baremos tras una sentencia del Tribunal Supremo en julio de 2008…
