La sombra de Europa marca de nuevo el ritmo de la actualidad sanitaria nacional. Por un lado, las elecciones al Europarlamento han justificado un nuevo retraso en la votación del dictamen del informe sobre sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que sustenta el pacto, prevista en el Congreso para el pasado miércoles. Por otro, el análisis del Programa Nacional de Reformas para 2014 y la actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017, remitidos a Bruselas días atrás, deja la puerta abierta a futuros ajustes.
Sobre el primer punto, el portavoz de Sanidad del Partido Popular en la Cámara Baja, Rubén Moreno, ha explicado a EG los motivos de este nuevo aplazamiento. Los responsables de los principales partidos nacionalistas habrían llamado la atención a los portavoces de sanidad de sus grupos sobre la posibilidad de que la campaña electoral europea contamine un debate que pretende, precisamente, dejar la sanidad al margen de intereses políticos. Cualquier posición, alertaron, podría ser utilizada por grupos contrarios como arma política, tal y como indica Moreno. Finalmente solicitaron trasladar la votación después de las elecciones.
El portavoz reconoce que “es ya mucho trasladar” pero recalca que, al final, “lo que importa es hacerlo libre de cualquier tipo de contaminación”. En cualquier caso, recalca que todos los grupos parlamentarios, sin excepción, se mostraron de acuerdo con buscar una nueva fecha. Se espera que la votación del dictamen pueda efectuarse finalmente el próximo 28 de mayo.
El consenso no será tal debido al punto que amenaza con dejar en suspenso el pacto: la universalización de la atención sanitaria. PSOE e IU ya han anunciado su voto en contra del dictamen. Los argumentos se han repetido una vez más en Senado y Congreso. En la sesión de control al Gobierno de la Cámara Alta, la senadora socialista María Chivite aludió a la petición de una experta en derechos humanos de la ONU sobre un cambio de rumbo en la política que garantice la asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales. La ministra de Sanidad, Ana Mato, defendió que todas las medidas adoptadas se dirigen a garantizar la atención “a todos los ciudadanos” en un sistema sanitario “público, universal y gratuito”, aunque admitió que “no se puede equiparar a quienes están legalmente en España con quienes lo hacen de forma irregular”, recordó que ningún país ofrece unas coberturas tan amplias para este colectivo. Pocos días después, los socialistas registraban una petición en el Congreso para que Mato explique sus planes tras la misma petición de Naciones Unidas.
En la misma línea, la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, defendió en el pleno del Congreso una proposición de ley para que los españoles emigrantes recuperen el derecho a la asistencia sanitaria. La ex ministra alertó de que se trata de un nuevo recorte, contrario al derecho comunitario y al principio de libre circulación de personas en la Unión Europea. Los populares, que rechazaron el texto en la votación, consideran que recoge importantes imprecisiones. Moreno insiste en que el derecho a la tarjeta sanitaria en España solo se pierde si la persona mantiene su residencia en otro país y lo comunica a España.
Futuros ajustes
Pero la influencia de Bruselas sobre la política sanitaria española ha tenido en los últimos días otra ramificación. El gobierno del PP espera que Bruselas se pronuncie sobre el Programa Nacional de Reformas 2014 y el Programa de Estabilidad 2014-2017, remitidos a la UE, el próximo 2 de junio.
Mato destacó la buena acogida que han tenido ambos programas y negó que incluyan nuevos recortes. En realidad, el Programa de Reformas recoge medidas ya iniciadas o anunciadas que esperan que terminen de perfilarse en este año y que contemplan ahorros anunciados en su día, como los 500 millones de euros que supondrá la mejora en la política de recursos humanos o los 150 millones de euros que se ahorrarán a partir de la puesta en marcha del espacio sociosanitario.
Aún así, uno de los ejes de estas reformas son los programas de la mejora de la eficiencia del gasto público y el nuevo modelo tributario todavía por definir, en cuyo diseño se estudian las propuestas de la Comisión de Expertos que han defendido dar a las comunidades autónomas respaldo legal para implantar copagos en los servicios que gestionan, como el sanitario.
En este sentido, el Programa de Estabilidad 2014-2017, sí deja entrever futuros ajustes. Anuncia que habrá nuevos ahorros en sanidad en 2016 como fruto de la entrada en vigor de las reformas de financiación autonómica y local, que no sería plena hasta el uno de enero de 2016. Asimismo, el documento subraya que está previsto que el Consejo de Política Fiscal y Financiera acuerde medidas de reforma del gasto estructural en las comunidades autónomas, así como la creación de un grupo de trabajo al respecto.
En el texto, los cálculos sobre la recomposición de la estructura del gasto hacia una reducción de los gastos generales quedan reflejados en un cuadro que refleja, a medio plazo, una reducción del porcentaje del gasto sanitario sobre el PIB. Esta cifra pasaría del 6,2 en 2012 al 5,3 por ciento en 2017, una bajada de más del 13 por ciento. No obstante, el documento matiza que la disminución está influida por mejora de la capacidad de compra a precios más bajos o la racionalización en la financiación de medicamentos más que por ningún nivel más bajo en la prestación de servicios.
El documento reconoce los esfuerzos que se realizarán en 2014, con una reducción del presupuesto del 0,4 por ciento en sanidad, que se suma a la del seis por ciento del año anterior. También indica que las medidas de gastos e ingresos tenderán a equilibrarse en 2015 y 2016. El Gobierno sigue subrayando la relevancia de las medidas en materia de gasto farmacéutico, donde todavía el potencial de ahorro es elevado, así como el relacionado con la prestación de servicios y suministros en conciertos, subvenciones y transferencias.
Los grupos nacionalistas han pedido un aplazamiento en la votación del dictamen del Pacto por la Sanidad
El programa de estabilidad 2014-17 refleja que el peso del gasto en salud en el PIB bajará más del 13 por ciento
