De un tiempo a esta parte, para entender los procesos que van a regir la financiación, fijación de precio y el uso posterior de los medicamentos hay que hacer dos o tres máster anuales o tener la suerte de coincidir asiduamente con quien te pueda dar las claves, al menos, las del momento. La regulación española en la materia era farragosa, opaca y llegado el caso, en algunos ámbitos incluso inaplicada y formada por múltiples parches inconexos. Pero en los últimos tiempos, se ha incrementado de un modo bastante desordenado, la utilización de herramientas que a pesar de que podrían ir en la buena dirección, la falta de criterios transparentes y conocidos, hacen del proceso un cúmulo de discrecionalidades. De este modo, cada vez es más difícil saber la manera en la que un medicamento es autorizado, financiado y utilizado en España. Y no solo el cómo sino incluso si lo está, desde cuándo y cuál es su precio, incluso el libre.
En los últimos meses la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha pisado el acelerador para probar nuevas técnicas en la fijación de precios. Entre ellas se encontrarían los techos de gasto, los acuerdos de riesgo compartido, así como unas ‘garantías’ de exclusividad en áreas terapéuticas que se estarían ofreciendo vinculadas a los anteriores. Garantías que me parecen a mí que tienen dudoso respaldo jurídico en el ámbito de la competencia así como en la defensa de los derechos de los pacientes. Aún así, parece ser que se están poniendo encima de la mesa como herramienta para forzar las bajadas de precio de medicamentos antiguos y otros por llegar. La situación creada provoca miedo a quedarse fuera del mercado, por lo que ya hay algunas compañías que se están creyendo lo de ‘tonto el último’ y están entrando en el juego. Tiempo habrá para hablar de esta nueva situación.
Lo que me parece más lamentable aún es que todo esto se esté haciendo con una absoluta falta de transparencia y soporte legal. No obstante, no me extraña. Al fin y al cabo, esa es la tónica general de la CIPM en gran parte de su historia, pero muy especialmente desde que decidió no publicar siquiera el nombre de los nuevos medicamentos. España debe ser el único país en el mundo en el que no hay un documento oficial y público en el que se pueda saber qué medicamentos se van aprobando.
Pero no solo eso. Resulta que, según parece, y nos enteramos en los corrillos, los únicos Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) que se van a hacer públicos en la web de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps), serán aquéllos llamados protocolos farmacoclínicos, que han sido reclamados por la CIPM. Y es que parece que la agencia ha decidido que los IPT iniciados a raíz de la decisión del CHMP de la EMA no se tienen que publicar en su web. Nueva dosis de transparencia.
Como se puede observar, solo entrando de modo superficial en el asunto, la falta de reglas claras conocidas y aplicadas es una constante en todo lo relacionado con la financiación y fijación de precio de medicamentos. Por todo ello, lo mínimo a exigir del Real Decreto de Precio y Financiación es que aclare los procesos, ponga orden en los parches existentes y ofrezca al sector transparencia y seguridad jurídica.
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