El Pleno del Congreso que aprobó el Real Decreto-ley 8/2010 ya dio buena muestra de por dónde van los tiros. Durante aquel tenso debate, el Gobierno defendió el descuento del 7,5 por ciento en el precio de los medicamentos innovadores desde una perspectiva social, para no implantar el copago. Un golpe de imagen que intentaba mitigar medidas como el recorte de sueldos a los funcionarios pero que desde hace un año lastra al sector. Pero por delante quedan otros cuatro años que, a nivel regional, harán más hondo aún ese foso que todas las administraciones contribuyen a cavar, sin querer ser conscientes de que en ese nicho cada vez hay menos donde rascar. Es patente que para las elecciones del 22 de mayo, los partidos están convencidos de que defender el recorte del gasto farmacéutico es una promesa que puede dar votos.
Los programas electorales aportan, sin embargo, dos puntos contradictorios que demuestran que los políticos, o no conocen la realidad (cosa muy poco probable), o la tergiversan con fines electoralistas. Porque mientras se califica el gasto farmacéutico de “problema” y se piden recortes al sector, todos piden, no obstante, potenciar la I+D, como si una cosa no tuviera nada que ver con la otra.
Por otro lado, entre las llamadas a la contención y la austeridad abundan las promesas: de planes y estrategias (cuidados paliativos; atención pediátrica, salud mental, crónicos y polimedicados y un larguísimo etcétera); de nuevas infraestructuras y de nuevas prestaciones gratuitas. Hay quien solamente lo pone así, a secas, no vaya a ser que luego no haya dinero y así nadie puede echar en cara que no cumplió lo prometido. Pero otros la complementan con la cobertura de atención buco-dental o el pago de los tratamientos anti-tabaco.
Estas elecciones, más que nunca, lo prometido será deuda. Y si la sensatez no se impone de una vez, será una deuda progresiva para con los proveedores sanitarios, los únicos que la pagan.
