Con mayor o menor precisión, los Gobiernos de Madrid, Murcia y Andalucía han confirmado su intención —o dejado la puerta abierta— a  que sus farmacias puedan disponer y realizar de forma inminente test rápidos de detección de la COVID-19. Una vez mostrada esa “voluntad política” que para la profesión farmacéutica es el quid de la cuestión para asignar un mayor papel de las boticas en la lucha contra la pandemia, no parece ser que los trámites normativos/regulatorios supongan obstáculo alguno (ni en tiempos ni en formas) para que las CC.AA lleven a buen puerto motu proprio estas decisiones.

Esta potestad particular para autorizar la realización de test rápidos en las farmacias habría sido confirmada por el propio Ministerio de Sanidad al Consejo General de Farmacéuticos. “Son propuestas cuya puesta en marcha depende de la voluntad de las Consejerías de Sanidad, pues esta solución se puede articular mediante un programa específico de Salud Pública, según nos ha transmitido el propio Ministerio”, indica Jesús Aguilar, su presidente. También desde Madrid, Luis González, presidente del COF regional, no ve que los trámites normativos “puedan ser un problema” para articular la realización de test de detección de COVID-19 en farmacias.

Por un lado, cabe recordar que —como confirma Sanidad— las CC.AA tienen capacidad para desarrollar programas de Salud Pública. Por otro, la práctica totalidad de conciertos de prestaciones vigentes entre las Consejerías y los colegios farmacéuticos mencionan la participación de las farmacias en los programas de Salud Pública que promuevan las Administraciones. “Podría bastar con sustentarlo con una Orden que publicase la Consejería de Sanidad”, valora Luis González.

¿Autorización “adicional” del Ministerio?

También es posible que, pese a la autoridad propia de las CC.AA, el propio Ministerio apoyase normativamente esta cuestión, como ocurrió con la dispensación excepcional a domicilio (o en boticas) de medicamentos a pacientes externos desde los hospitales durante el Estado de Alarma. Si bien diversas comunidades ya habían implantado esta medida, el Ministerio, con posterioridad, ‘autorizaba’ esta posibilidad para todo el territorio a través de una Orden ministerial (y que actualmente tiene continuidad a través del conocido como RDL 21/2020 de Nueva Normalidad).

No obstante, hay que recordar que ya existen iniciativas en el Congreso y Parlamentos autonómicos para que se habilite por ley la realización de test de COVID-19 en farmacias. A nivel nacional, Ciudadanos ha replicado una iniciativa planteada por su formación en Cataluña para registrar una PNL en el Congreso que persigue habilitar a los profesionales de farmacia comunitaria para realizar cribados y rastreos en contagios de COVID-19. Esta iniciativa, a debatir en el Pleno, se une a la que recientemente registró VOX para incorporar, entre otros, a farmacéuticos rastreadores en equipos multidisciplinares.