Posiblemente sean las Administraciones que mejor saben de la importancia de las oficinas de farmacia, al ser en sus localidades donde su condición de “servicio sanitario público” se eleva a la máxima expresión. Quizá por eso, dentro de su limitada capacidad normativa, son desde estas corporaciones donde emanan —si bien aún no de forma generalizada— ciertas iniciativas que dan respuesta a las reivindicaciones que tiene la profesión farmacéutica para hacer sostenible el modelo. Unas reivindicaciones que siguen sin tener eco en las altas instancias (véase Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas). Hablamos de los Ayuntamientos de pequeños municipios. Y, en concreto, aquellos que reconocen el papel de sus farmacias y contribuyen a su sostenibilidad pagando ciertos servicios… E incluso guardias.
Muchas horas y páginas sigue rellenando el debate en torno a las guardias farmacéuticas. En concreto, cómo mantener este servicio a la población y que sea viable económicamente para el titular, quien en muchos casos ve pasar las horas sin recibir paciente alguno. En este sentido, las Comunidades Autónomas vienen apostando por una solución intermedia: la agrupación de las guardias entre varias zonas sanitarias, lo que permite el reparto por turnos rotatorios entre las boticas de varias localidades. Así ocurrió en la Comunidad Valenciana, provocando el descontento entre la población de localidades como Alcora (10.600 habitantes), al tener que desplazarse ahora 26 fines de semana al año a otros tres municipios cercanos en caso de necesitar este servicio.
Sin embargo, su consistorio aplicó una iniciativa pionera a nivel nacional: alcanzó un acuerdo particular con sus farmacias (con el beneplácito de Consejería y COF) para mantener el servicio de guardia a cambio de una compensación económica por la prestación del servicio. Así, el 1 de enero de 2016 entró en vigor este acuerdo (con tres años de duración), por el cual las cuatro boticas de Alcora prestan servicio de guardia diaria y rotatoria por una retribución anual de 32.000 euros a repartir entre ellas.
Doce meses después de su entrada en funcionamiento, las valoraciones son positivas. “Es un acuerdo que beneficia a todos las partes implicadas y que tendría el apoyo del colegio para replicarse en otras localidades”, apunta a EG Sergio Marco, presidente del COF de Castellón y quien estuvo presente en la firma del acuerdo en diciembre de 2015. Un acto en el que el alcalde de esta localidad, Victor García i Tomás, mostró su satisfacción por “haber conseguido, entre todos, dar respuesta a una demanda de la población”.
Pago de servicios como el SPD
Como así viene contando EG, otro de los pasos dados motu proprio por ciertos consistorios de pequeños municipios es reconocer el papel de sus farmacias en la mejor salud de la población crónica y envejecida que predomina en sus localidades. Un ejemplo es la existencia de acuerdos para remunerar la preparación de sistemas personalizados de dosificación (SPD) a residentes.
En este sentido, dos farmacias ubicadas en El Boalo (Comunidad de Madrid). Incluso, en este caso, se amplía a la Atención Farmacéutica domiciliaria. El acuerdo con el consistorio se ha prolongado un año más, tras haberse aprobado en los “presupuestos participativos que votan los propios ciudadanos”, explica la titular, Lucrecia Gutiérrez. En el caso de Quer, la botica ha tenido recientemente un cambio de titularidad y la nueva propietaria, Belén Moyano, confirma a EG su interés por mantener el servicio, y por ello, está ya ultimando con su consistorio su renovación de cara a 2017.
Implicar a los alcaldes
En este objetivo de seguir implicando a más consistorios en el reconocimiento de las farmacias rurales, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de León organizó los pasados 25 y 26 de noviembre en Astorga un pionero foro que congregó a representantes de la profesión farmacéutica y a 32 alcaldes leoneses. El desconocimiento del papel social de los boticarios está más extendido de lo que ellos desearían. De hecho, un profesional médico manifestó que “no sabía que los farmacéuticos no cobraban por hacer el servicio de urgencias”, según cuenta el impulsor del foro, el presidente del COF de León, Javier Herradón.
Por ello, el mensaje que transmitió a los primeros ediles fue “que la protagonista sea la farmacia rural”, según explica a EG el presidente colegial. Ante esta propuesta los alcaldes reaccionaron bien, aunque no se mostraron tan dispuestos cuando se planteó la retribución de los servicios, “cuando hablamos de la parte económica indicaron que no tenían fondos”, explica Herradón, sin embargo añade, “lo que pedimos no son fondos específicos, ya que la labor del farmacéutico es social, hay fondos sociales en los ayuntamientos”.
