Alberto Cornejo Madrid | martes, 04 de abril de 2017 h |

Desde el pasado 31 de marzo, todas las farmacias catalanas están obligadas por ley a cobrar las bolsas de plástico con las que entregan al paciente su medicación o cualquier otro producto adquirido en el establecimiento. En su edición de 30 de marzo, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña publicaba la nueva Ley 5/2017 de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat, que a su vez recoge una modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de Residuos regional por la cual la “recomendación” que ya existía de que todo establecimiento, independientemente de su tipología, cobrase por facilitar bolsas de plástico ahora se convierte en “obligación”.

Esta nueva regulación establece que será el titular de la farmacia quien fije el precio de cada bolsa de plástico, cuya recaudación será integra para el establecimiento (no para la Administración). Ahora bien, desde la Generalitat se apunta la obligación de que exista un precio fijado que deberá figurar en el ticket de caja (“aunque sea simbólico, de un céntimo”, ejemplifican), descartando que el titular pueda optar por su entrega a coste cero. Si el cliente lleva su propia bolsa, concretan, el importe fijado para la bolsa de plástico se le deberá descontar del ticket de caja.

Desde la Administración se defiende esta medida a fin de hacer ver a la ciudadanía que las bolsas de plástico contaminan, que no pueden ser gratuitas e incentivar que cada usuario acuda al establecimiento con la suya propia (si bien muchas farmacias ya vienen apostando por la entrega de bolsas de papel). Desde la patronal farmacéutica regional Fefac ya se ha informado a sus asociados de esta obligación e incluso se ha elaborado un cartel informativo para que pueda ser exhibido en las boticas. Asimismo, esta patronal ha iniciado un sondeo entre sus socios cuyos primeros resultados revelan que la mayoría de titulares se decantan por aplicar un precio de 2 o 5 céntimos por cada bolsa entregada.

Cataluña se adelanta así a una misma iniciativa en la que ya trabaja el Ministerio de Agricultura y Pesca para toda España. Como ya informó EG, este Ministerio ha dado a conocer un proyecto de real decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico con el que se pretende rebajar el uso y presencia de aquellas no biodegradables, con su también prohibición de entrega gratuita a partir de 2018 en cualquier establecimiento. Esta normativa pretende dar cumplimiento a una directiva europea que data de 2015 y que España aún no había adaptado.