Si la anterior reunión de la Red de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (HTA, por sus siglas en inglés) se centró en fortalecer la cooperación entre estados, el encuentro mantenido en marzo continúa la tarea y profundiza en el análisis de la situación de la HTA en Europa y cómo es percibida por los agentes. Para ello, la Dirección General de Salud Pública de la Comisión Europea (Sante) lanzó una consulta pública realizada entre octubre de 2016 y enero de 2017. Ahora presentan los resultados preliminares, que no hacen más que corroborar la necesidad de evitar duplicidades ineficientes.
Se han recibido 249 respuestas: 63 de ciudadanos, 150 de Administraciones, organizaciones o asociaciones y 36 de pymes. El resultado casi unánime es considerar útil la evaluación de tecnologías sanitarias, para el 98 por ciento de los ciudadanos. Además, el 83 por ciento considera importante o muy importante evaluar si una nueva tecnología funciona mejor, igual o peor que las tecnologías sanitarias disponibles. Los factores más relevantes a tener en cuenta son: la transparencia del proceso de HTA (98 por ciento), que implica a los agentes interesados; el conocimiento y experiencia del evaluador (96); su independencia respecto a conflictos de interés (94); y el envío puntual del informe de evaluación (92). Los ciudadanos también estiman que la información sobre HTA debería estar accesible a médicos y pacientes.
Respecto a las duplicidades, más de la mitad considera que la evaluación clínica no debería desarrollarse en paralelo por los organismos de evaluación de los estados miembro. El estudio también analiza las consecuencias de que no exista una homogeneidad a la hora de establecer procedimientos y metodologías para la HTA a lo largo de la Unión Europea. Así, los estados miembro tienen una serie de diferencias reconocidas por la mayoría de los encuestados, incluidas las Administraciones Públicas. Estas disparidades son identificadas, en los procesos por el 91 por ciento de entidades y el 96 de Administraciones; también en la metodología clínica de HTA, con un 80- 89 por ciento y en el método económico de la evaluación, para el 85 -93 por ciento respectivamente.
Para las entidades consultadas, la consecuencia más importante de la variabilidad es la diversidad de resultados de los informes de HTA. En segundo lugar está la duplicidad del trabajo realizado a nivel europeo y nacional. Y, en tercer lugar, provoca una disminución de la predictibilidad empresarial, además de considerar los elevados costes que supone esa actividad para las organizaciones. Finalmente, otra consecuencia negativa de la falta de procesos comunes es que desincentiva la innovación.
La opinión sobre la situación de la cooperación actual en la UE varía algo más en general que para la Administración. Así, la participación en acciones financiadas por la UE es solo del 32 por ciento de media y un 70 por ciento en caso de la Administraciones. Mientras que el conocimiento de las acciones de financiación de la UE es del 47 por ciento en general y de sólo un 26 para el sector público. Actualmente la cooperación es considerada útil o algo útil para el 69 por ciento de las asociaciones u organizaciones, mientras que para las administraciones le otorgan un valor mayor en el 96 por ciento de los casos.
Sin embargo, las acciones conjuntas continúan siendo el gran escollo que la Comisión intenta superar. Donde menor colaboración se identifica es en la evaluación conjunta de HTA (21 por ciento); mientras que la adopción de herramientas conjuntas, o de guías de actuación están algo más valoradas en torno al 30 por ciento.
Escenario post 2020
La cooperación después del año 2020, aparece como un elemento necesario en términos generales, ya que cuenta con el apoyo del 87 por ciento de los participantes en la consulta pública. Concretamente el ámbito en el que más se valora la utilidad de la cooperación se encuentra en los productos farmacéuticos que lo apoyan en el 89 por ciento de los casos y llega al cien por cien si se incluye la opinión de las Administraciones.
La consulta pública también ha incluido las políticas a adoptar a partir de 2020. El acuerdo ha sido mayoritario en torno a una opción: la apuesta por la participación voluntaria con adopción obligatoria. Es decir, cada país decide si participar en el sistema y acatará las normas que establezca. Y, finalmente respecto al controvertido aspecto de la financiación, la opción preferida para llevarla a cabo es hacerlo mediante la suma del presupuesto de la UE, las contribuciones de los estados miembro y las tasas que abona la industria.
