Tras mucho tiempo de negociación, el Gobierno de España y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) han firmado en La Rioja un protocolo marco de actuación para la farmacia rural que sirva como pilotaje para el desarrollo de servicios farmacéuticos asistenciales y de acciones de Salud Pública.
Este convenio mejorará las condiciones de vida de la población rural —con especial énfasis a los mayores y los colectivos vulnerables—, da respuesta al reto demográfico o la despoblación y también contribuirá a la viabilidad económica de las farmacias a través de un modelo integral de asistencia sociosanitaria en estas zonas. Un proyecto que nace como pilotaje en La Rioja, pero que aspira a expandirse a nivel nacional —en coordinación con las CC. AA—.
Desde las diferentes vocalías a las que ha consultado El Global consideran que este acuerdo reconoce la labor de los farmacias rurales y además se consigue unificar criterios en cuanto a la labor que realizan. El mundo rural ha estado muy abandonado. Por ello, el convenio favorece la creación y el reconocimiento de servicios asistenciales para, en primer lugar, mejorar las condiciones de vida de la población rural.
Asimismo, este acuerdo visibiliza, por fin, el trabajo que hay detrás. En muchas ocasiones, no es ostensible y se tiene que valorar. Se trata en definitiva de poner en valor el trabajo que hace el farmacéutico rural.
Si echamos la vista atrás, Jesús Aguilar, presidente del CGCOF, ya le pidió a Carolina Darias dejar cerrado un acuerdo “antes de que abandonase el Ministerio”. Deseo cumplido y ¿todos contentos?
No parece, cuando menos a día de hoy. Y es que no todos los colectivos del sector tienen las mismas expectativas sobre él. Desde la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR) consideran que, aunque se trata de “un acto con buenas intenciones”, no es suficiente. “Sin recursos no se va a poder avanzar”, señalan, además de denunciar que desconocen (por ahora) el contenido completo del texto.
Por su parte, el propio presidente de SEFAR, Jaime Espolita, reconoce a El Global, que en ningún momento se ha consultado a la Farmacia Rural sobre sus necesidades o problemas, o sobre las soluciones para garantizar su supervivencia.
Desde su punto de vista es necesario un cambio del modelo retributivo. “Lo que se trataba ahora es de prestar servicios farmacéuticos profesionales remunerados”, expresa Espolita, quien manifiesta que no entiende que el acuerdo no recoja presupuestos específicos o partidas económicas que continuarán abocando a la farmacia rural a cierres o al desarrollo de su profesión en condiciones de precariedad. “Implicar a tres ministerios está muy bien, pero si no se ha conseguido sacar ningún recurso económico es una pérdida de tiempo”, denuncia.
