Vivimos estos días noticias no novedosas. Supuestamente hemos “disfrutado” de unas estupendas vacaciones estas navidades. Decimos supuestamente, porque seguimos comprobando con estupor y quizá curiosidad sonriente, indulgente, casi científica, como se vuelven a caer en presupuestos nacidos de pensamientos que dormitan en conciencias apacibles e incautas, seguras de sí mismas en su profundo desconocimiento y alejamiento de la realidad.
Los Servicios de Urgencias y Emergencias están abarrotados de personas con necesidades asistenciales y sociales en mayor o menor grado. La foto de la sociedad es la que es y el sistema sigue viviendo al margen de su realidad. Se han ido también de vacaciones, para conciliar, la longitudinalidad, la holística, las consultas, las citas previas, las altas, y la también “la épica y la hípica”. Solicitan atención pacientes críticos, muy graves, graves, mediopensionistas, y no pocas consultas-urgencias, pero que nacen casi todas ellas de la de la necesidad, la percepción de ella y la no respuesta en otras partes del sistema, más que del capricho. Todo esto era esperable. Invierno, inicio del frío, fragilidad, tiempo libre, conciliación de otros y la paciencia de los profesionales que trabajamos en estos servicios.
Hay consecuencias tangibles. El excesivo número de llamadas a los Centros de Coordinación de Emergencias origina activaciones de atenciones de pacientes no realmente urgentes, en detrimento de los que sí pueden padecerlos. La Saturación es un grave problema de Salud Pública, a nivel mundial. La causa más importante por la que ocurre es la imposibilidad o el bloqueo del ingreso de aquellos pacientes que, una vez valorados en el Servicio de Urgencias, necesitan una cama de hospitalización, por lo que permanecen en este servicio durante periodos prolongados y de forma inadecuada. Esto último origina un aumento de la estancia en el hospital, con el consecuente aumento de costes, produciéndose situaciones que atentan contra la dignidad de las personas, que lo padecen, a sus familiares o personas próximas, y también los diferentes perfiles profesionales que los atienden produciéndose frecuentemente insatisfacción con el periodo global de hospitalización. Así mismo se asocia a un deterioro de la calidad de la atención, con retrasos importantes en todos los subprocesos potenciales asociados a la misma, como tiempo de valoración por el médico, tiempo para resultados de pruebas complementarias, como resultados de laboratorio, o pruebas de imagen, así como un retraso en el inicio de tratamientos necesariamente de inicio precoz, en condiciones óptimas, como pautas de analgésicos o primeras dosis de antibióticos. También se ha demostrado un aumento de la mortalidad evitable intrahospitalaria por esta causa. Es importante tener en cuenta la posibilidad de que en este tipo de circunstancias se produzcan altas precoces precipitadas que pueden asociarse también a un aumento de la mortalidad temprana, también evitable.
El contexto en España, además, abusando de esa paciencia referida, es que se llega ya asumir únicamente por los profesionales de urgencias y emergencias cerca ya de casi cuatro quintas partes del periodo de asistencia global del sistema sanitario, con tendencia a aumentar, porque “el sistema tiene que conciliar”. Y, en contra de la propia legislación española, esto se hace sin reconocimiento. El no existir la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en España desde el punto de vista profesional implica discriminación, precariedad, inseguridad jurídica, administrativa y legal, y ausencia de futuro. Añadimos maltrato profesional de género, en el contexto de la progresiva y ya mayoritaria feminización del colectivo. Pero la paciencia se está acabando. Vemos ya expresiones y sentimientos en nuestro colectivo más llamativas y peligrosas. Asco, desprecio, desinterés y desmotivación. Esto va a desembocar, y lo decimos por responsabilidad como observadores, en una explosión. Y será de dentro de no mucho tiempo. Las consecuencias serán imprevisibles. Que nadie haga cálculos electorales con esto. Perjudicará a todos.
Desde el punto de vista de los pacientes, España, al incumplir con la legislación europea, incurre en atentados flagrantes, y en un futuro penalizables, en seguridad clínica en estos servicios, junto con un detrimento grave de la calidad de la atención que los pacientes merecen y deberían esperar al amparo de lo ya legislado, quedando en manos de profesionales sin ningún tipo de homologación esperable. Un nuevo hecho que contribuye, y lo hará más aún, a la morbimortalidad, evitable también.
Y desde el punto de vista de la Administración se incurre en una absoluta falta de equidad ante la población en la gestión de esta prestación. Además existen problemas ya tangibles de profesionales dispuestos a hacer compatibles las necesidades de atención del sistema con la conciliación. Un perfil profesional presente y futuro con cada vez peor formación para dar una mínima respuesta profesional a las necesidades requeridas en estos servicios, únicamente paliada por su autorresponsabilidad. Esto último agravado por la apuesta por la estudientalización de los periodos de algunos programas de residencia que son ostensibles y la inducción a capar posibles vocaciones de futuros urgenciólogos que han optado, como hicimos muchos de nosotros, por escoger residencias-puente, para dedicarse, aun asumiendo muchos déficits formativos, a lo que es su vocación: la Medicina de Urgencias. Esto implica que va a ser real y más frecuente, hasta límites que no van ser tolerados por la población, el cierre parcial o incluso completo de no pocos servicios, especialmente en muchos territorios, la mayoría, no urbanos. Y un aumento grave de la morbimortalidad.
Exigimos al Gobierno, por el bien del sistema, por los pacientes y por los profesionales, que ponga remedio sin demora a todo esto. Y pedimos a las Comunidades Autónomas que lo acompañen y lo exijan también por su propio interés y responsabilidad como gestores directos del sistema. Se llama Especialidad primaria de Urgencias y Emergencias. No es demorable.
“La ausencia de una especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en España implica discriminación, precariedad, inseguridad jurídica, administrativa y legal, y ausencia de futuro”
