| lunes, 05 de noviembre de 2012 h |

El Real Decreto de 3 de agosto de 2012 que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos a través del SNS, así como el reconocimiento, control y extinción de dicha condición, no vulnera las competencias autonómicas. Así consta en el acuerdo alcanzado en el último Consejo de Ministros por el que se contesta al requerimiento de incompetencia planteado por el Gobierno Vasco en relación a este Real Decreto.

Según el Gobierno regional, al implicar “la implantación de un sistema centralizado de gestión”, el Real Decreto vulnera las competencias autonómicas. El Estado asegura que, teniendo en cuenta los títulos competenciales a cuyo amparo se dicta la norma, al Estado le corresponde la facultad de coordinación en materia de sanidad y que el reconocimiento del derecho a la prestación sanitaria “se ha reservado hasta la fecha pacíficamente a la Administración General y, más concretamente, a la Administración de la Seguridad Social”.