“Hay que establecer unas reglas del juego y transparentar todo el sistema de precios del medicamento”

EG entrevista a Ignacio López, jefe de Servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación del Servicio Canario de la Salud

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Son muchas las nuevas legislaciones que están por llegar a nivel nacional y que tendrán su repercusión en las comunidades autónomas: la ley del Medicamento, el RD de financiación y precio, el RD de evaluación de tecnologías sanitarias… Sobre todas estas normativas se ha pronunciado Ignacio López, jefe de Servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación del Servicio Canario de la Salud, quien ha concedido una entrevista a El Global, para exponer su visión sobre la política farmacéutica actual y futura.

Pregunta. Con la reforma de la Ley del Medicamento se introducirá la modificación del sistema de precios de referencia (SPR). ¿Qué cambios deberían hacerse, en su opinión?

Respuesta. Lo primero es establecer unas reglas del juego para todo el sistema de precios del medicamento, tanto de financiación como de precios de referencia y trasparentar cómo se produce todo este proceso. En la última Comisión Interministerial de Precios (CIMP) se aprobaron varios medicamentos que han generado mucha polémica y surgió la pregunta del papel que deben jugar las asociaciones de pacientes en todo este proceso. Yo creo que debemos ir a una clarificación de todo el proceso, de que todos sepamos en qué ámbito nos movemos y que, por lo tanto, podamos sentirnos más cómodos y menos sometidos a presiones ajenas desde los aspectos puramente técnicos, que es lo que muchas veces debe prevalecer en esta negociación.

P. En el Real Decreto de evaluación de tecnologías sanitarias, donde se pone de relieve la necesidad de separar la evaluación de la decisión, ¿qué opina sobre ello?

R. Es lo que ahora se venía intentando con los posicionamientos terapéuticos que han tenido un retraso y que ahora se están retomando otra vez, pero, evidentemente, hay un aspecto puramente técnico de funcionamiento del fármaco, cómo actúa en relación a las alternativas y cómo se debe posicionar terapéuticamente. Y una cuestión aparte es a qué precio se paga esa mejora o no que prestan estos medicamentos y cómo se accede al mercado español. Con esta valoración de tecnología, estamos teniendo muchos problemas para que se desarrollen los informes de posicionamiento terapéutico (IPT). Hay mucha gente y muchos países evaluando lo mismo y, por lo tanto, cualquier fórmula de coordinación será bienvenida, igual que las agencias de evaluación de tecnología, cuando aborda una tecnología sanitaria en España, se coordinan entre sí, por lo que cuando hablamos de medicamentos, debe suceder una cosa similar. Está el problema de los conflictos de intereses que se produce, que es muy restrictivo para poder participar en la evaluación de tecnología cuando al final, quien debe evaluar las tecnologías son los que mejor conocen la patología que muchas veces, si tienen relación o han participado en los propios ensayos clínicos, y ese es un tema que hay que limar para que sea efectiva.

P. Además, el RD de precio y financiación de medicamentos se prevé que llegue en 2025. ¿Qué cree que debería incluir la futura norma?

R. El problema es que, a diferencia del RD de evaluación de tecnología, el de precio y financiación no conocemos el borrador y hay que ver un poco hacia dónde se quiere dirigir. Hay que intentar agilizar el acceso a los medicamentos, pero para lograr esto, también la industria tiene que poner de su parte. No puede ser que haya un ‘regateo’ con los precios de los medicamentos y que, a pesar de que se diga que hemos llegado al límite y no podemos seguir buscando unos precios más lógicos de un medicamento, no se aprueba en la CIPM y a los cuatro meses resulta que sí se podía hacer ese esfuerzo. Es muy difícil saber cuándo parar, porque se lo ponen muy fácil a las comunidades para decir que no se aprueban porque al final va a haber otra negociación y se va a conseguir un precio más económico. Y, por contra, tampoco creo que venga bien a la propia industria.

P. Genera también desconfianza…

R. Claro. Mi experiencia en estos últimos años es que hay una profunda desconfianza entre la industria y los servicios sanitarios en general y el Ministerio también, de no saber hasta dónde se puede llegar. Y nos estamos enfrentando a medicamentos de costes más altos, que hay que buscar algunas formas de financiación especiales, incluso en algunos foros se está proponiendo un cambio de la Ley de Contratos del Estado que permita unas excepciones para determinados tipos de medicamentos que amplían, por ejemplo, los periodos de pago, porque los efectos de los mismos se producen más allá de los cinco años que permite la ley y, por lo tanto, hay que buscar alternativas y así incluso lo ha recomendado la Abogacía del Estado.

P. ¿Cómo afectará el RD de precio y financiación a la CIPM? ¿Cree que las comunidades seguirán estando representadas todas en la CIMP si ya están en la evaluación y posicionamiento terapéutico?

R. Yo creo que tienen que estar presentes todas, porque al final las comunidades son las que pagan y, por lo tanto, quieren tener voz en esa Comisión. No creo que ahora mismo se pueda plantear el restringir a un número determinado de comunidades, está ampliado a todas. Al final, los que asistimos a ella desarrollamos una labor fundamentalmente técnica y buscando la sostenibilidad del sistema, que también es importante, pero también que los pacientes puedan tener un acceso, cuando está justificado clínicamente y está demostrado la eficiencia y la efectividad de esos tratamientos.

P. ¿Cómo valora el funcionamiento de la CIPM? ¿Cree que debería realizarse alguna modificación?

R. Estamos revisando el funcionamiento. Incluso los plazos en los que se reciben los informes hacen complicado el evaluar, porque si se lleva a una comisión de precios 25 fármacos diferentes hay que revisar 25 informes y los plazos son, a veces, cortos. Estamos en ese proceso de generar un nuevo reglamento de funcionamiento de la Comisión.

P. ¿Cómo se pueden conjugar los procedimientos de compra centralizada tanto a nivel nacional como europeo con el hecho de que en España la sanidad está descentralizada?

R. Ahora mismo INGESA saca procedimientos de compra centralizada (ahora, por ejemplo, estamos preparando una de coagulación) a la que las distintas comunidades, cuando interesa o no tienen un procedimiento establecido, se unen y no hay mayor problema. Al final, cuando se saca un concurso en una comunidad autónoma, pues es lo mismo, se saca un concurso centralizado y luego los hospitales se adhieren al mismo y van haciendo sus adquisiciones. Al final se producen unas economías de escala que yo creo que nos favorecen a todos sin ninguna duda.

P. ¿Qué opina de la posibilidad de tener una vía de acceso a fármacos que aún estén pendientes de financiación y precio tal y como ha anunciado recientemente César Hernández?

R. Ahora mismo ya hay vías de acceso a fármacos en situaciones especiales. Además, España se ha convertido proporcionalmente en el país con mayor número de ensayos clínicos. Aunque está más restringido a los grandes centros nacionales que son los que más ensayos clínicos pueden desarrollar y a veces es difícil que un paciente de una determinada comunidad se pueda unir a estos ensayos clínicos. Pero sí hay acceso a fármacos en situaciones especiales, con la aprobación que cada centro o cada comunidad autónoma establece para su autorización y, por lo tanto, esas vías están abiertas.

P. Por otra parte, los desabastecimientos de medicamentos son un desafío creciente. ¿Qué iniciativas se han puesto en marcha en la región para paliar la falta de suministro?

R. Es muy complicado, porque además de los desabastecimientos generales a nivel nacional, e incluso a nivel internacional (en algunos casos, son verdaderamente sorprendentes que empresas que ganan un concurso al mes de ganar el concurso, te dicen que no puede suministrar el fármaco, demuestra también cierta falta de profesionalidad por su parte), se producen situaciones especiales en Canarias. Nosotros estamos buscando alternativas, como facilitar los intercambios de medicamentos hacia aquellos a los que no hay desabastecimiento o enviar instrucciones a los distintos centros de los cambios que se pueden desarrollar. También se valora la existencia de un almacén en Canarias, porque esto agiliza el reparto de medicamentos y minimiza estos desabastecimientos. Pero los desabastecimientos a nivel nacional generan muchos problemas y ahí habría mucho que hablar de por qué se producen y qué políticas está desarrollando la industria farmacéutica.

P. ¿Qué otros retos quedan por delante en el ámbito farmacéutico en Canarias?

R. El principal reto que tenemos ahora mismo es la evidente contención del crecimiento del gasto farmacéutico, porque se come una parte cada vez más importante del presupuesto de la comunidad. Pero bienvenido sea ese gasto cuando es razonable. Lo que hay que hacer es usarlo con sensatez y con eficiencia todo el dinero que invertimos. Y para ello, nuestro principal proyecto es la creación de una Comisión de Armonización del medicamento en el ámbito hospitalario, porque se producen situaciones a veces de inequidad entre los distintos efectos y para ordenar todos estos fármacos, que además la inmensa mayoría de los que se han aprobado últimamente son de ámbito hospitalario y para establecer reglas del juego, facilitar la negociación conjunta de todos los centros de la comunidad, etc. Yo creo que todos vamos a salir ganando y los principales defensores de la creación de esta comisión -que espero que se produzca antes de finales de año- son los propios servicios de Farmacia Hospitalaria que verán así también respaldado el trabajo que hacen por todo el Servicio Canario de Salud.