Jordi Faus es abogado y socio de Faus & Moliner
La semana pasada comentábamos como la situación de restricciones presupuestarias en el sector público está generando más de una situación de crisis jurídica, de falta de rigor en la aplicación de las normas, y como el resultado penoso de todo ello podría muy bien ser una pérdida de confianza. Les decía también que esta semana hablaríamos de la necesidad de impulsar, desde las administraciones, iniciativas empresariales legítimas. Las iniciativas empresariales, los proyectos de futuro, son de lo mejor que nos puede ofrecer nuestro sistema de economía de mercado. Incluso en épocas difíciles como las actuales encontraremos personas y empresas que se dedicarán a pensar sobre qué ofrecer al mercado, sobre cómo mejorar lo que se ofrece, sobre cómo adaptarse a situaciones nuevas que aparecen continuamente en nuestro entorno, en definitiva, sobre cómo aportar valor.
A este respecto, ya sabemos que estas personas se toparán con más de un obstáculo. Así, en el seno de sus empresas seguro que habrá alguien que alce la mano para alertar sobre los riesgos de la iniciativa, o incluso quien simplemente prefiera que no salga adelante. Fuera de la empresa los competidores se encargarán de complicarles la vida, claro está. Y no hablemos de las dificultades financieras. Pues bien, dentro de este mar de dificultades, también existirán obstáculos legales, esos que a menudo llamamos regulatorios. ¿Se puede hacer esto que nos están proponiendo? ¿Estás seguro que nos dejarán llevar este proyecto adelante?
Estas son preguntas clásicas que se formulan en este momento. Y es que, considero que éstas son preguntas que revelan la existencia de iniciativas, y como tales deben ser bienvenidas. Por otro lado, son preguntas que hoy deben ser analizadas con la flexibilidad que exige el momento, recordando aquello que dice el Código Civil: las normas deben interpretarse de acuerdo con la realidad social del momento en que toca aplicarlas.
Hoy en día, esa realidad social está muy bien reflejada en la conocida como Ley Ómnibus, que fue aprobada a finales del año pasado. Leer su exposición de motivos es muy recomendable en los tiempos que corren, verán como la voluntad del legislador es facilitar e impulsar esas iniciativas y procurar que, sin perjudicar a los intereses públicos, los llamados obstáculos jurídicos y administrativos sean lo más llevaderos posibles. Pero no crean ustedes que todo se limita a la exposición de motivos. La ley dice ahora que cuando la Administración quiera exigir condiciones para realizar una actividad deberá siempre elegir la medida menos restrictiva, justificar por qué la adopción de dicha medida es necesaria para proteger el interés público y justificar que se trata de una medida adecuada para lograr el fin que se persigue.
Sin duda, pienso que alguien dirá que son términos generales y que todo seguirá igual, pero quien lo haga se equivoca. El modo cómo las administraciones públicas tienen que analizar en la actualidad todas las iniciativas que se les presentan es radicalmente distinto del que se empleaba años atrás para hacerlo. Los funcionarios deben hacer un esfuerzo de adaptación al nuevo entorno que resulta de la propia ley, y las empresas también. El argumento de que algo no se ha hecho nunca de este modo, o que no nos dejarán hacerlo, ya no es válido. Por eso, es preciso que no lo olviden cuando escuchen los proyectos que les presenten sus colegas.
